Los portavoces de ambas asociaciones, Jorge Fernández Vaquero y Concepción Rodríguez, respectivamente, así lo han señalado a Europa Press, al recordar que en apenas un mes el Gobierno y sus socios fueron capaces de reformar la misma ley orgánica para impedir que el órgano de gobierno de los jueces pudiera realizar nombramientos estando en funciones.
Descartan que la renovación de la norma, aunque sea orgánica, deba moverse en parámetros más amplios siempre que exista voluntad política para llevarla a cabo.
Insisten por ello en que, en el punto actual de casi tres años de CGPJ sin renovar, debería irse al origen del problema, esto es el sistema de elección de vocales, y resolverlo antes de proceder a la renovación que se encuentra estancada desde diciembre de 2018.
La posición de ambas asociaciones es diferente a la defendida por la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), que el pasado viernes hizo pública una carta abierta al líder del PP, Pablo Casado, en el que le insta a desbloquear la actual situación y propiciar así la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018.
El 90% pide la elección entre miembros de la Carrera
A nivel interno, Jueces para la Democracia votó que los vocales de procedencia judicial debían ser elegidos directamente entre jueces y magistrados.
Rodríguez recuerda en ese punto que en octubre de 2020 se hizo una macroencuesta por Metroscopia que tuvo como resultado que más del 90 por ciento de la Carrera pedía que los 12 vocales jueces fueran elegidos directamente entre miembros de la Carrera, "como ocurre en el resto de cuerpos del Estado, pues los fiscales eligen el Consejo Fiscal", añade.
Otra cuestión destacada por ambas asociaciones son las exigencias de Europa en el mismo sentido. Según recuerda Rodríguez, el comisario europeo de Justicia Didier Reynders ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones que deben ser los jueces y magistrados los que elijan al menos a la mitad del Consejo, y España debería hacer las reformas necesarias.
Lo mismo señalan, según subraya, últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa, que en diferentes documentos han señalado que el sistema español puede dañar a la independencia judicial.
Por ello, entiendo que no renovar "es ir contra todo el mundo, la carrera judicial, los ciudadanos, la Comisión Europea y el TEDH", concluye.
