Jourova y Campo han mantenido una reunión por videoconferencia en la tarde del lunes para abordar fundamentalmente la preocupación de Bruselas por la renovación del CGPJ, un asunto sobre el que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en los últimos meses para alertar de que este órgano "no debe ser percibido como vulnerable a la politización".
En una declaración de Jourova difundida tras el encuentro, la vicepresidenta comunitaria considera que este encuentro ha sido "muy útil" porque, entre otros puntos, ha servido para que el ministro le haya garantizado que la reforma promovida por el PSOE y Podemos para reformar el sistema de elección del CGPJ "no será llevada adelante".
"Esto es una buena noticia", ha celebrado Jourova, sobre una primera reforma que, tal y como ella misma ha recordado, Bruselas observaba con "gran preocupación" y espera ver "pronto" cómo es retirada.
Sobre la reforma para que no pueda haber nombramientos discrecionales en la cúpula judicial un vez expirado su mandato, no obstante, Jourova ha adelantado que el Ejecutivo comunitario no ve problemas, aunque sí apremia a acelerar la renovación del CGPJ.
"He tomado nota de que la reciente reforma parece estar en principio en línea con el Estado de derecho y con los controles y contrapesos en España", ha indicado la política checa.
A continuación ha dicho que ha trasladado a Campo "que tal reforma hace incluso más urgente la necesidad de elegir a los nuevos miembros" para "permitir que desempeñe plenamente su papel institucional fundamental".
En todo caso, la vicepresidenta comunitaria ha insistido en la conversación con el ministro español en que toda reforma de este tipo "debería estar siempre acompañada por amplias consultas", incluido con la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por lo que espera que tal diálogo exista en cualquier reforma futura.
"Estos asuntos y otros acontecimientos serán todos analizados en el informe sobre Estado de derecho de 2021", ha concluido Jourova, que ha agradecido el "compromiso" de las autoridades españoles con el nuevo mecanismo sobre Estado de derecho con el que el Ejecutivo comunitario evalúa cada año la situación en todos los Estados miembro.
