Se trata, ha explicado, de que desde estas asociaciones se realicen propuestas en los ámbitos normativo, tecnológico y organizativo que permitan facilitar la vuelta a la actividad normal en los órganos judiciales y seguir garantizando la protección sanitaria de los usuarios de las sedes judiciales cuando se levanten las medidas de confinamiento.
La reactivación de la actividad judicial se articulará a través de tres instrumentos que el ministerio consensuó el pasado viernes en la reunión de la Comisión de Coordinación de la Administración de Justicia frente a la crisis del Covid-19: un Decreto-ley de medidas urgentes, que se pondrá en marcha con carácter inmediato tras el estado de alarma y una Ley para acelerar la transformación digital de los órganos judiciales.
Junto a estos instrumentos normativos, el secretario de Estado ha recordado que tal y como se recoge en la disposición 19ª del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, el Ejecutivo deberá aprobar planes de choque para aligerar el volumen de asuntos en los
juzgados de lo social, mercantil y contencioso-administrativo, los órdenes jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad económica.
Por parte de las asociaciones, han participado en la videoconferencia Rafael Lara, del Colegio de Nacional de Letrados de la Administración de Justicia; Lidia Urrea, de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia; Marta Urbano, del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y Ángel Maraver, de la Asociación Independiente de Letrados.
