El Ministerio de Derecho Sociales y el de Justicia pondrán en marcha dos grupos de trabajo, formados por instituciones involucradas y expertos, para la elaboración de sendos textos en los que dar respuesta a estos temas, de máxima sensibilidad dentro de la protección de los menores, antes de que finalice 2020.
El Gobierno tiene como uno de sus objetivos inminentes y prioritarios trabajar para garantizar los derechos y el bienestar de los menores. Prueba de ello es el reciente Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, remitido por el Consejo de
Ministros a las Cortes Generales.
Ahora abordará, a través de este compromiso, dos materias clave para proteger a la infancia: los sistemas de sujeciones mecánicas como medios de contención en centros de internamiento para menores infractores y en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta; y la determinación de la edad de personas indocumentadas de cuya minoría de edad se duda o cuando se trata de personas menores de edad cuya edad exacta se desconoce.
Asimismo, “debemos trabajar con el máximo consenso con las comunidades autónomas, abordando estos temas conjuntamente en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y de la Conferencia Sectorial de Justicia”, ha precisado el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero.
