La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz, han recibido a una delegación de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo a la que han trasladado las políticas emprendidas por el Ministerio de Justicia en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.
La delegación europea ha podido conocer de primera mano las diferentes reformas e iniciativas legislativas emprendidas en esta legislatura para llevar a cabo las medidas contempladas en el Pacto de Estado, de las que casi un centenar afectan al ámbito de la Justicia.
Entre las reformas, el avance más importante ha venido con la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya en vigor, con la que se acuerda impulsar la formación en violencia de género e igualdad que reciben las carreras judicial y fiscal para garantizar la mejor respuesta a las víctimas. El secretario de Estado ha explicado que el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia, ya tiene entre sus objetivos estratégicos la inclusión del enfoque de género en todos sus programas de formación y se imparten módulos y actividades específicas en materia de violencia de género a los diferentes colectivos de profesionales.
Otras mejoras se han introducido mediante el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en agosto de 2018, que incluye actuaciones relativas a la asistencia jurídica y representación legal de las víctimas y disposiciones para facilitar el acceso a asistencia psicológica de los menores expuestos a la violencia de género.
Manuel Dolz ha subrayado que se ha reforzado la protección a las mujeres víctimas de esta lacra social dotando de más recursos al servicio de asistencia jurídica gratuita y estableciendo una dotación presupuestaria específica para las asistencias producidas por la violencia machista.
En relación a las Unidades de Valoración Forense Integral, el objetivo es completar su estructura organizativa y reforzar su cometido de forma a mejorar el servicio que prestan estos grupos multidisciplinares a jueces y tribunales en la realización de pruebas periciales. Se pretende también potenciar las Oficinas de Asistencia a las Víctimas para tutelar los derechos de quienes sufren la violencia de género. Entre otras medidas, se está trabajando en un protocolo de buenas prácticas para la atención a las menores de 18 años y en un plan de acompañamiento y asesoramiento a las víctimas.
Durante la reunión, se ha subrayado el permanente apoyo de la Administración de Justicia a los juzgados de violencia de género, fundamentalmente, a través del impulso de medidas como las agrupaciones de partidos judiciales que permiten mejorar la atención a las víctimas y asegurarles una respuesta más próxima y especializada.
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