En su auto, y de conformidad con la postura del Ministerio Fiscal, considera que las medidas son "urgentes y necesarias para la salud pública" debido a la situación de emergencia producida por coronavirus y a los datos contenidos en los informes epidemiológicos de los que se desprende que "la situación sanitaria en el municipio de Valladolid, si bien se está controlando, continúa con una incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 14 días superior a la del conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León e incluso superior a la del resto de España".
El Juzgado cree además que "se trata de medidas proporcionales a los fines pretendidos, atendiendo a la finalidad última de proteger el derecho a la vida e integridad física de los ciudadanos; así como proporcionadas en relación al territorio al que afectan y a la duración temporal de las mismas, debiendo ser objeto de seguimiento y evaluación continua y, en todo caso, en un período de siete días naturales desde su publicación con el fin de adecuarlas a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria".
Reconoce también que ello supone la privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental de las personas afectadas, susceptible de amparo constitucional; en concreto, del de reunión del artículo 21 de la Constitución Española, dado que en todas las medidas se restringe el número máximo de personas que pueden agruparse, tanto en espacios al aire libre como en espacios cerrados, si bien acto seguido recuerda que las mismas "se ha demostrado que son idóneas para evitar la propagación del virus y que se pueda volver a producir un colapso en nuestro sistema sanitario, sin que a día de hoy exista una medida menos gravosa para la consecución del objetivo propuesto".
Una orden en idénticos términos para el municipio de Salamanca, donde las medidas también se han prorrogado otros siete días, también ha sido validada con anterioridad por la autoridad judicial salmantina.
