"El análisis se debe hacer caso por caso. No cabe concluir en abstracto que la situación actual ampare directamente la actuación de los padres que deciden no escolarizar a sus hijos", subraya la Abogacía en un informe al que ha tenido acceso Europa Press redactado a petición del subsecretario de Educación y Formación Profesional, ante el movimiento de padres que se niegan a llevar a sus hijos al colegio por la pandemia.
En todo caso, considera que el temor fundado en una situación desfavorable de evolución de la pandemia, con transmisión comunitaria, puede generar "una legítima preocupación por la integridad física de los menores y de sus familiares convivientes", mayores o con patologías previas, que les exima de responsabilidad.
No obstante, la Abogacía del Estado precisa que para determinar si estas condiciones de cada familia justifican "un miedo insuperable" deberá "examinarse caso por caso", teniendo presente tanto el contexto de evolución de la pandemia en cada parte del territorio, como en el supuesto concreto de cada hogar.
De esta forma, según añade, se podría constatar si la falta de asistencia a la escuela está o no justificada pues, según recuerda la Abogacía, solo cabe apreciar absentismo escolar cuando la inasistencia a clase de forma reiterada no esté justificada.
En este sentido, precisa que la situación particular de cada menor, por razones de salud, tanto del menor como de sus familiares convivientes, así como la situación de evolución epidemiológica "pueden constituir una causa de justificación del absentismo".
En todo caso, la Abogacía insiste en la obligatoriedad de la enseñanza básica de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Española, y la obligación de los padres a garantizar que sus hijos asistan "regularmente" a clase, de acuerdo con la Ley reguladora del Derecho a la Educación.
Así, advierte a aquellos padres que no lleven a sus hijos a la escuela de forma reiterada de que estarían incumpliendo las normas. De hecho, añade que de producirse estas situaciones, y de entender que son injustificadas, los colegios deben proceder "de inmediato" a la comunicación a la autoridad competente.
En "situaciones límite", avisa de que la negativa de los padres a que sus hijos acudan a clases presenciales en el centro escolar podría constituir un delito de abandono familiar tipificado en el artículo 226 del Código Penal, que conlleva una pena de inhabilitación de entre cuatro y diez años para ejercerla.
La Abogacía recuerda a los padres que consideran que la vuelta al colegio no se realiza de forma segura, que pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión, con posibilidad, por ejemplo, de instar la suspensión cautelar de las decisiones administrativas de fijación de la fecha de comienzo de curso.
