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La Abogacía Española ha remitido sus alegaciones al CGPJ con un claro objetivo colaborativo para efectuar una serie de observaciones de carácter general a su contenido, y de forma particular a cada una de las medidas. Por ello, esta institución entiende que ante la situación de excepcionalidad en que vivimos se ha de proceder a la adopción de medidas extraordinarias y urgentes, pero basadas en una cierta provisionalidad y adoptadas con el mayor consenso posible, con la finalidad de agilizar y desatascar la actividad en los juzgados y tribunales lo más rápidamente posible.
La conclusión preliminar del Consejo General de la Abogacía Española sobre el Documento de Trabajo sobre Medidas Organizativas y Procesales del CGPJ es que se trata de un documento preparado con independencia del estado de alarma y con una inclinación, en ocasiones, a la limitación del acceso de la ciudadanía a la justicia.
La idea primordial propuesta por la Abogacía es resolver -en el ámbito de todos los órdenes jurisdiccionales- el problema que se va a generar como consecuencia de la paralización actual de la actividad judicial y de la economía, así como del previsible incremento del número de asuntos a ingresar cuando se reanude la actividad.
El Consejo General de la Abogacía Española rechaza todas aquellas medidas propuestas que son ajenas a la evitación del colapso futuro previsible de los juzgados e instancias judiciales, o ajenas a las consecuencias derivados de este hecho y de la situación que vivimos en la sociedad derivada de la pandemia del Covid-19.
La Abogacía, en sus alegaciones, considera que no es razonable que el mes de agosto se declare hábil, cuando el derecho al descanso y a la conciliación alcanza a todos los intervinientes y especialmente a los abogados que, en ningún caso, han asimilado el confinamiento durante el estado de alarma a un periodo de descanso.
Declarar hábil el mes de agosto, va a suponer, sin duda, una mayor distorsión en la medida en que difícilmente se va a desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces y magistrados, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que se extendería antes y después del mes de agosto. Para ello, la Abogacía propone concentrar el periodo vacacional de todos en el mes de agosto, a salvo siempre de las actuaciones urgentes, de tal modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre.
