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Lanza 'Lo paras o lo pasas', nueva iniciativa para fomentar el uso del Canal Prioritario para denunciar la difusión de estos contenidos

La AEPD pide a Justicia que el reenvío de imágenes y audios sexuales o violentos sin consentimiento sea delito penal

Noticia

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha alertado en el Senado frente a la publicación de fotografías, vídeos o audios de contenido sexual o violento en Internet sin el consentimiento de las personas afectadas y ha informado de que ha solicitado al Ministerio de Justicia que tipifique como delito penal el reenvío de imágenes y audios en casos de sexting.

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"Hemos pedido al Ministerio de Justicia que se incluya en el 197.7 del Código Penal, que regula los delitos se sexting, la responsabilidad penal no sólo de quien graba y envía, sino de quien reenvía", ha indicado en su comparecencia de este jueves ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado, a petición de Grupo Parlamentario Popular, para explicar en qué consiste el Pacto Digital para la Protección de las Personas lanzado el pasado enero por la autoridad pública independiente.

En este contexto, la directora de la AEPD ha anunciado el lanzamiento de 'Lo paras o lo pasas', una nueva iniciativa de la Agencia que forma parte del Pacto Digital para la Protección de las Personas, con el objetivo de fomentar el uso del Canal Prioritario para denunciar la difusión de contenidos sexuales o violentos.

La iniciativa ha contado con la colaboración de la actriz Ana Milán, que ha publicado en sus redes sociales un hilo en el que reflexiona sobre el poder que tiene cada persona para frenar ese tipo de contenidos y denunciarlos. "Estamos teniendo casos dramáticos", ha advertido la directora.

España ha detallado que hay casos de difusión de vídeos o fotografías de carácter sexual grabadas inicialmente con el consentimiento de la mujer, pero que "son luego difundidas sin su permiso, por revancha, en páginas pornográficas, contenidos sexuales grabados sin consentimiento y difundidas posteriormente, la grabación de agresiones y humillaciones a menores de edad, a personas de LGTBi, la publicación de perfiles falsos en páginas web pornográficas, utilizando la imagen real y el número de teléfono de mujeres sin su consentimiento y muchas veces sin que las mujeres lo sepan".

Durante el año 2020, la AEPD ha recibido 358 peticiones de retirada de contenidos sexuales o violentos a través del Canal Prioritario. Tras su análisis, se han tramitado como urgentes casi medio centenar de estas peticiones por encontrarse dentro de los objetivos de este Canal, solicitando en 29 de estos casos la retirada urgente de los contenidos a los proveedores de servicios, que era lo que solicitaba el denunciante.

El porcentaje de efectividad en la retirada de estos contenidos se situó en torno al 86% tras el envío de la medida cautelar a las páginas que lo alojan. En general, la retirada de contenidos se produce en un plazo de 72 horas cuando el responsable de la plataforma se encuentra en España. La directora de la Agencia ha apuntado que tiene abiertos en este momento 19 actuaciones previas de investigación y tres procedimientos sancionadores contra los responsables de haber subido este tipo de contenidos a la Red o de haber creado los perfiles falsos.

Por otro lado, la directora de la AEPD ha indicado que se ha constituido en grupos de trabajo en relación con el control de la edad por parte de las empresas de pornografía. "Lamentablemente, hay datos escalofriantes. En acceso de los menores a las páginas pornográficas está nuestro país en ocho años", ha señalado, para después añadir que no extrañe después "el concepto del sexo o las violaciones en manada".

En este punto, Mar España ha anunciado que la Agencia ha lanzado un requerimiento de información a las páginas web de pornografía "más usadas" y establecidas en España, pidiéndoles que acrediten cómo están garantizando el control de la edad de acceso.

Respecto al Pacto Digital, la responsable de la AEPD ha puesto relieve la importancia de que se hayan adherido ya un total de 210 entidades. "Están las asociaciones empresariales más importantes del sector económico", ha declarado España, al tiempo que ha añadido que también están entidades del Tercer Sector y organizaciones de periodistas y medios de comunicación.

En este sentido, el Pacto Digital cuenta con la carta de adhesión, el compromiso por la responsabilidad en el ámbito digital y un decálogo de buenas prácticas para medios de comunicación y organizaciones con canales de difusión propios.

Mar España ha destacado que además incluye un documento que detalla "las responsabilidades penales, civiles, administrativas y laborales y educativas en que se puede incurrir por un mal uso del derecho fundamental a la privacidad, un mal uso de Internet". "Está fenomenal hablar de derechos digitales, pero hay que hablar en paralelo y en balance de las obligaciones digitales para poder aumentar esta concienciación", ha recalcado.

Adicción a la tecnología

Otro tema que en el que ha hecho hincapié es el de las adicciones a las tecnologías. "Ahora mismo, uno de cada cinco jóvenes presenta adicciones a las nuevas tecnologías. Eso tiene consecuencias no solo de fracaso escolar, sino en cuanto a las relaciones sociales, problemas de conducta, problemas en el ámbito familiar", ha manifestado, para después añadir que también se ha creado un grupo de trabajo en este campo con "actuaciones prometedoras".

"El otro día me comentaba un compañero y un amigo que con su hijo de 14 años no pueden quitarle el móvil porque les espera y están teniendo que quitarle el teléfono cuando ya está dormido por las noches. ¿Qué sociedad estamos construyendo?", se ha preguntado España, que aboga por la prevención y la formación.

Finalmente, la directora de la AEPD, cuyo mandato está caducado, ha reiterado "rotundamente" que la Agencia no dispone de medios suficientes ni una estructura organizativa "adecuada a la realidad". Así, ha vuelto a reclamar más financiación y consenso político para renovar la dirección de el organismo estatal.