No obstante, antes de esta fecha, en el último trimestre de 2022 se realizará por la Agencia Tributaria una evaluación provisional de los efectos de la Ley de lucha contra el fraude, según se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
El proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal cumple casi siete meses desde su remisión al Congreso. Sin embargo, a pesar de iniciar su tramitación en octubre y concluir en diciembre el plazo para elaborar y registrar enmiendas, la iniciativa continúa en barbecho, sin haberse constituido su ponencia para iniciar la discusión de las casi 250 propuestas de los grupos.
Pese a ello, y según el calendario de implementación de la ley remitido a Bruselas, el Gobierno espera que el grueso de la misma entre en vigor cuando se apruebe en las Cortes, plazo estimado para el segundo trimestre de 2021.
No obstante, alguna medida de la ley, por cuestiones de calendario, se aplicará en 2022, como es el caso, por ejemplo, de la lista de morosos, ya que los cambios que se introducen aparecerán en la lista que salga publicada en 2022 y no en 2021.
Adicionalmente, antes del final de 2021 se analizarán con las organizaciones representativas de autónomos y pymes medidas adicionales en el ámbito de la digitalización a desplegar en 2022 y 2023 para facilitar la normalización y estandarización de las obligaciones de facturación y registrales que vayan más allá del primer paso dado de prohibición del software malicioso.
532 millones en cuatro años dedicados a la lucha contra el fraude
El componente 27 del Plan, titulado 'Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal', contempla reformas para la modernización del sistema fiscal y de la administración tributaria, que se dividen en cinco grandes bloques: la aprobación de la Ley de lucha contra el fraude, la modernización de la Agencia Tributaria, el refuerzo de la asistencia al contribuyente, la vertiente internacional de actuación de la Agencia Tributaria y el nuevo modelo cooperativo de relación con los contribuyentes y la cooperación en el ámbito de los órganos jurisdiccionales.
Para el conjunto del componente, el Gobierno ha estipulado una inversión total de 532 millones de euros entre 2021 y 2024, aunque este elevado coste no será financiado con cargo al Plan de Recuperación.
En los bloques se incluye, por ejemplo, la aprobación y firma de los códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos, la actualización de la lista de paraísos fiscales, la limitación de pagos en efectivo para determinadas operaciones económicas, la modificación del régimen de la lista de deudores frente a la Hacienda Pública, la prohibición de amnistías fiscales, la creación de las Administraciones de Asistencia Digital Integral (ADI) o la explotación de la información derivada de instrumentos internacionales, entre otras.
El paquete de reformas que integran este componente tiene como principal objetivo que la evolución de las bases imponibles agregadas sea más favorable que la evolución de las magnitudes macroeconómicas agregadas directamente relacionadas con los ingresos tributarios (PIB nominal y demanda interna).
"Este conjunto de medidas orientadas a prevenir y, en su caso, luchar contra el fraude fiscal y reforzar la capacidad de recaudación del sistema impositivo permitirá la modernización de nuestro sistema fiscal haciéndolo más eficiente, permitiendo amortiguar el impacto de la crisis provocada por la Covid-19", señala el Ejecutivo en el documento.
Modernización de la Agencia Tributaria e incremento de plantilla
En el Plan se recoge un aumento de los efectivos de la Agencia Tributaria con la finalidad de alcanzar una plantilla de dimensiones más próximas a las que han sido habituales durante toda su historia, en la que casi siempre ha contado con más de 27.000 empleados, alcanzando máximos en el entorno de los 28.000.
La plantilla de la Agencia Tributaria se ha reducido respecto de la disponible antes de la crisis económica de 2008. Dicha situación se ha producido como consecuencia de la combinación de dos factores: por una parte, la elevada edad media de la plantilla, con el consiguiente escenario de jubilaciones en los próximos años, y, por otra, las dificultades para la incorporación de nuevos efectivos después de sucesivos años con ofertas de empleo públicas reducidas.
Por esta razón, se plantea como objetivo prioritario de la Agencia Tributaria, tal y como prevé su plan estratégico 2020-2023, la recuperación progresiva de la cifra de empleados de los que disponía antes del impacto de la crisis económica, recogiendo el compromiso de "reforzar y rejuvenecer" la plantilla para hacer frente a los nuevos retos.
Este incremento de plantilla exige inversiones inmobiliarias, siempre tomando en cuenta las consideraciones medioambientales y de eficiencia energética, así como de dotación de las oficinas de nuevos equipamientos tecnológicos.
Además, se pretende abordar una modernización informática de la gestión tributaria. Así, en la inversión recogida en el plan se plantean cambios informáticos que tienen un sobrecoste para el Departamento de Informática de la Agencia Tributaria.
De igual forma, el Ejecutivo ha señalado que son necesarias inversiones en el ámbito de Aduanas para reforzar la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.
Ingresos no declarados y bolsas de economía sumergida
Se contemplan también mejoras en la selección para detectar ingresos no declarados. Así se estipula la orientación de las actuaciones de la Agencia Tributaria hacia el análisis patrimonial y societario y la ocultación de actividad y abuso de formas societarias, con la finalidad de detectar aquellos incumplimientos más flagrantes, consistentes en ocultar la realización de hechos y bases imponibles a la Administración.
Además, el Ejecutivo prevé que la implementación de la recomendación número 4, del Pacto de Toledo, relativa a la cotización a la Seguridad Social de los autónomos en función de sus ingresos reales permitirá una nueva fuente de contraste. Así, la combinación de datos fiscales y de los registros de la Seguridad Social, junto con la utilización de técnicas predictivas y de minería de datos permitirá reducir las bolsas de economía sumergida en el ámbito del autoempleo y de las micro empresas.
Además, se recoge la implantación de un nuevo modelo de asistencia integral en la Agencia Tributaria a través del 'mostrador virtual' ADI como plataformas dirigidas a prestar servicios de información y asistencia por medios electrónicos mediante la utilización de canales de comunicación no presenciales.
