La magistrada entiende que: “la información reflejada en los documentos que constan en el procedimiento es insuficiente para conocer el producto y las características del mismo”. Destaca que la orden de compra emitida en 2012 no dice absolutamente nada del riesgo del producto, y que la declaración que acompaña la entidad demandada a la orden de valores tampoco acredita que se le haya ofrecido la suficiente información para tomar claro conocimiento del riesgo de la operación.
La magistrada especifica que “se ha de tener en cuenta que el deber de la entidad financiera va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos financieros, pues debe exigirse que se ayude al cliente a interpretar esta información y a tomar la decisión de contratar un determinado producto”.
De igual modo, la sala resuelve que la acción de anulabilidad no está caducada contando el plazo de cuatro años para reclamar desde la resolución de la entidad, es decir desde el 7 de junio de 2.017. En este sentido los afectados por los BONOS BANCO POPULAR 6,873 % tendrían hasta el 7 de junio de 2021 para reclamar sus ahorros.
Para Rubén Cueto, socio director de Vallverdú Abogados: “el contrato que impugnamos en el presente caso corresponde a una emisión de obligaciones que hizo Banco Popular en Irlanda para financiarse, que se colocó entre sus clientes minoristas en España mediante Popular Banca Privada como Bonos 6,873%. Aún quedan 90 millones de euros por reclamar”.
El despacho acredita en la práctica de la prueba que el banco incumplió todas sus obligaciones de información, pues no facilitó información alguna al cliente, o era muy opaca, y estaba en inglés. Los bonos se vendieron a un precio superior de mercado.
