Las nuevas normas también garantizarán la prevención del abuso fiscal y la protección de los derechos de los trabajadores. Las normas estimularán el potencial de crecimiento de las empresas europeas mediante la digitalización del proceso de creación y gestión de una empresa.
El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «En nuestra próspero mercado único de la UE, las empresas tienen la libertad de circular y crecer, pero esto debe hacerse de forma justa. La propuesta establece procedimientos claros para las empresas, con salvaguardias sólidas para proteger los derechos los trabajadores y, por primera vez, para evitar los montajes artificiales con fines de evasión fiscal y otras prácticas abusivas».
La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, ha declarado: «Con demasiada frecuencia se impide a las empresas europeas buscar oportunidades de negocio en el extranjero. Quiero cambiar esta situación y modernizar las normas del Derecho de sociedades. En primer lugar, deseo más soluciones en línea para las empresas europeas a fin de ahorrar costes y tiempo. En segundo lugar, deseo ofrecer a los empresarios honrados la elección del lugar para hacer negocios y de la manera de ampliar o reorganizar sus actividades».
Normas sobre traslado, fusión y escisión de empresas
La propuesta establece procedimientos comunes a nivel de la UE sobre la manera en que una empresa puede trasladarse de un país a otro de la UE, fusionarse o escindirse en dos o más nuevas entidades en diferentes Estados.
En consonancia con una sentencia que ha creado jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, las empresas podrán trasladar su sede de un Estado miembro a otro siguiendo un procedimiento simplificado. Las nuevas normas sobre las conversiones y las escisiones transfronterizas incluirán ahora también medidas específicas que ayudarán a las autoridades nacionales a luchar contra las prácticas abusivas. Los traslados de este tipo incluirán salvaguardias eficaces contra los montajes abusivos para eludir la legislación tributaria, perjudicar los derechos de los trabajadores o poner en peligro los intereses de los acreedores o de los accionistas minoritarios. En tales casos, la autoridad nacional del Estado miembro de partida interrumpirá la operación incluso antes de que pueda tener lugar el traslado.
En la actualidad, las normas nacionales difieren en gran medida entre los Estados miembros o imponen demasiadas trabas administrativas. Esto disuade a las empresas de buscar nuevas oportunidades por temor a una burocracia excesiva. También significa que, cuando las empresas se trasladan, quedan sin proteger adecuadamente los intereses de los acreedores y de los accionistas minoritarios.
Las nuevas normas se inscriben en la actuación de la Comisión en favor de un mercado único más justo. También complementan las iniciativas recientes para reforzar las normas relativas a los trabajadores desplazados y la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, así como la propuesta de la Comisión relativa a la Autoridad Laboral Europea. Al mismo tiempo, las nuevas normas permitirán a las empresas trasladarse o reorganizarse sin complicaciones jurídicas innecesarias y a un menor coste en todo el mercado único. Según las estimaciones de la Comisión, el ahorro de costes para las empresas se cifraría entre 12 000 y 19 000 euros por operación y entre 176 y 280 millones de euros durante un período de cinco años.
Creación de empresas en línea
En la actualidad solo hay 17 Estados miembros que ofrezcan un procedimiento íntegramente en línea para el registro de sociedades. Con arreglo a las nuevas normas, las empresas podrán inscribirse, establecer nuevas sucursales o presentar documentos en el registro mercantil en línea en todos los Estados miembros. La digitalización hace que el proceso de creación de una empresa sea más rentable y eficaz:
- el registro en línea dura como media la mitad del tiempo y puede ser hasta tres veces más barato que el tradicional realizado en papel;
- el ahorro en el caso del registro y la presentación de una solicitud a tal efecto en línea con arreglo a las nuevas normas se estima en un cifra comprendida entre los 42 y los 84 millones de euros al año para las empresas de la UE;
- el principio de «solo una vez», incluido en la presente propuesta, acaba con la necesidad de presentar varias veces la misma información a distintas autoridades en el ciclo de vida de una empresa;
- se pondrá a disposición de todas las partes interesadas más información sobre las sociedades de forma gratuita en los registros mercantiles.
Para prevenir el fraude y las prácticas abusivas, las autoridades nacionales podrán basarse recíprocamente en sus datos sobre los directivos inhabilitados. Si sospechan de la existencia de un fraude, las autoridades seguirán pudiendo solicitar la presencia física de los propietarios de la empresa. También podrán exigir la participación de agentes acreditados, tales como los notarios, en el proceso.
