La Comunidad de Madrid anunció hoy que la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid arrancará en julio del año que viene, se "estrenará" cuatro años más tarde, en el verano de 2019, y costará unos 483 millones de euros, que abonará la empresa adjudicataria sin que los Presupuestos regionales queden comprometidos. Precisamente, hoy, según aparece publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) se abre a periodo de información pública del proyecto durante un mes y se prevé que en enero de 2015 se convoque el concurso público.
La Comunidad de Madrid realizará una concesión administrativa a la empresa que resulte adjudicataria por 30 años y pagará un canon de alrededor de 45 millones de euros, que es lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales distribuidas por Madrid. La concesión empezará a contabilizar desde el día que se adjudiquen las obras, que será a partir de julio, y no desde la entrega de las obras, prevista para cuatro años después, como se hace habitualmente, por lo que la Comunidad tendrá cuatro años de carencia y el pago del canon será lineal durante 26 años.
En este sentido, la retribución al concesionario estará condicionada al grado efectivo de disponibilidad y calidad de los servicios prestados. Pasado el periodo de concesión, sin coste para el erario público, los edificios de la Ciudad de la Justicia revertirán en la Comunidad de Madrid: lo que ahora se paga por un alquiler por sedes dispersas será patrimonio regional en organismos centralizados en una única sede.
Reformas del sistema judicial
El presidente regional avanzó novedades de la Ciudad de la Justicia durante el acto de reconocimiento hoy a 523 empleados de la Administración de Justicia con más de 30 años dedicados a trabajar para mejorar este servicio a los ciudadanos. González estuvo acompañado,por el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, y por la plana mayor de la Justicia madrileña, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justica de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira; el presidente de la Audiencia Provincial Eduardo Porres y el decano de los jueces de Madrid Antonio Viejo Llorente.
Durante su intervención, González incidió en "la necesidad de nuevas reformas para que el sistema judicial sea cada vez más ágil y rápido", y
avanzó, en el marco de las competencias de la Comunidad la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal y la Oficina del Fiscal de la Comunidad de Madrid.
El presidente reconoció, además, el papel fundamental de las 6.700 personas que trabajan en la Administración de Justicia regional para convertir esta área en un servicio público de referencia nacional marcado por la rapidez, la cercanía y eficiencia. "Se trata de magníficos trabajadores a los que hoy reconocemos públicamente su ejemplar trayectoria laboral con la imposición de la insignia de plata a través de los 20 destacados profesionales que hoy les representan", explicó el presidente regional.
Consciente de la importancia que tiene el factor humano en la Administración de Justicia, la Comunidad de Madrid, cuyos competencias en la materia se limitan a la dotación de medios personales y materiales, ha hecho un importancia esfuerzo por ser la primera región en número de funcionarios por juez, 9,7.
La Comunidad quiere reconocer públicamente el trabajo, la responsabilidad y la dedicación al servicio de los ciudadanos de los cerca de 150.000 empleados regionales que hacen posible el funcionamiento diario de la Administración madrileña y que esta cuente con la posición de
liderazgo actual. Por esa razón ha creado dos distinciones: la Medalla de Oro, para aquellos que destaquen notoriamente por una contribución más allá del ordinario cumplimiento de las funciones de su puesto, y la Insignia de plata, para las personas que han cumplido más de 30 al servicio de la Administración con un expediente intachable, relevante y ejemplar.
Crecimiento económico
Junto al factor humano, González recordó la importancia de contar con medios materiales y con un entorno acorde, y por ello puso de relieve la importancia de la futura Ciudad de la Justicia. La construcción de este gigante judicial, que abarcará 200.000 metros cuadrados más otros 60.000 metros para explotación de infraestructuras y servicios (restauración, comercios, aparcamientos, etc.), generará un fuerte impacto económico en la región: se incrementará el PIB, al menos, una décima sólo durante cada uno de los cuatros años que dure la construcción del complejo con mejora de la producción anual de 282,5 millones, unas ganancias de actividad de 118 millones y creación de más de 2.200 puestos de trabajo.
Este crecimiento es inicial, ya que tanto los puestos de trabajo como la actividad económica se multiplicarán exponencialmente cuando el complejo entre en funcionamiento. Se espera que cada día pasen por la Ciudad de la Justicia más de 25.000 personas, entre ciudadanos, profesionales de la Justicia y otro tipo de trabajadores.
Desde el punto de vista de servicio público, la Ciudad de la Justicia mejorará la eficacia judicial ya que, según las previsiones que maneja el Gobierno regional, se incrementará en un mínimo del 20 por ciento la agilidad de la justicia por el ahorro directo de tiempo en desplazamientos y en traslados de expedientes, entre otros.
Cuanto más ágil sea la Justicia más se dinamiza el comercio, la seguridad jurídica y, en definitiva, el empleo y la actividad económica de la región. De hecho, la combinación de ambos efectos supondrá un incremento de 3.997 millones de euros durante los próximos treinta años, un crecimiento estructural del PIB adicional en alrededor de un 1.1% con una mejora de la actividad económica de 1.932 millones de euros y la creación de 40.800 empleos, más de 9.000 de elevada cualificación.
Proyección de la zona Noroeste
La Ciudad de la Justicia de Madrid está ubicada en el Parque de Valdebebas, junto al recinto ferial de IFEMA y a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas. Su entrada en funcionamiento supondrá un revulsivo para los desarrollos urbanísticos proyectados en las zonas Norte y Este de la capital ya que aportará servicios complementarios como comercios, restauración, zonas ajardinadas abiertas, transportes o parking, de los también se beneficiarán los vecinos y usuarios de estas zonas en las que hay proyectadas más de 100.000 viviendas.
Esta actividad económica paralela, que se va a desarrollar en torno a los servicios con los que va a contar la Ciudad de la Justicia, es otro indicador que confirma el impacto económico que el proyecto tendrá en la región.
División por jurisdicciones
La Ciudad de la Justicia supone el proyecto más importante España de unificación de sedes judiciales. En total, agrupará en sus más de 200.000
metros cuadrados los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid que ahora están dispersos en 28 edificios de Madrid y a los 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, a más de 5.000 personas al servicio de la administración de justicia, a más 42.000 abogados del Colegio de Abogados y 1.719 procuradores, además de a los ciudadanos.
El proyecto se ha concebido como un espacio práctico, por esa razón, se quiere dejar atrás la división tradicional por juzgados para implantar la
agrupación por áreas jurisdiccionales que lo hará mucho más cómodo para profesionales y ciudadanos. Por esa razón, habrá un primer bloque penal que albergará los juzgados de lo penal, incluyendo el Juzgado de Guardia, situado al principio del recinto para facilitar su funcionamiento las 24 horas los 365 días al año; juzgados de instrucción; secciones penales de la Audiencia Provincial; Vigilancia Penitenciaria; Violencia sobre la Mujer; juzgados de Menores, y Fiscalía.
El segundo bloque estará destinado a los juzgados de lo Civil, incluyendo los de Primera Instancia y secciones civiles de la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), juzgados de lo Mercantil y sección mercantil de la Audiencia Provincial (AP), juzgados de los Contencioso Administrativo, Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM y Registro Civil. El tercer
bloque estará formado por un edificio institucional, que albergará las sedes del TSJM, el área de Administración Pública y las Salas Civil y Penal del TSJM. A estos hay que sumar el Instituto de Medicina Legal (IML), ya construido en el inmueble popularmente conocido como "el rosco".
La Ciudad de la Justicia de Madrid busca la eficiencia judicial y de costes, por esa razón, además de los beneficios directos que a nivel judicial supondrá la agrupación de sedes, habrá un ahorro directo en costes de mensajería y gastos de desplazamientos así como de suministros de los edificios que serán de alta eficiencia energética. Los beneficios para ciudadanos y profesionales serán directos e inmediatos: una justicia más rápida, más ágil y eficiente.
La Justicia de Madrid en datos
Madrid es la segunda Comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, con más de 200 asuntos por cada mil habitantes, un 10% más que la media nacional. Además, es la primera Comunidad en número de órganos judiciales creados desde el 2003 (154) -con un total de 534- y la primera con más funcionarios por juez, con un 9,7 de ratio, por delante de Cataluña (9,4) y Andalucía (8,3).
Desde que asumió las competencias en provisión de medios humanos y materiales a los juzgados y tribunales de la región, la Comunidad de
Madrid ha invertido más de 3.000 millones de euros: sólo para el presente ejercicio presupuestario casi 400 millones de euros, que suponen el 10% del coste total de la Justicia en España. En la Ciudad de la Justicia continuará con su proyecto de modernización y mejora de esta administración a través de la implantación de las nuevas tecnologías.
