En abril de 2016, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron que la Directiva debía incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 6 de mayo de 2018.
En el caso de España, la Comisión pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga sanciones financieras en forma de una suma a tanto alzado de 21.321 euros al día entre el día posterior al vencimiento de la fecha límite del plazo de transposición que se establece en la Directiva y la fecha de cumplimiento por parte de España, o bien la fecha de pronunciamiento de la sentencia prevista en el artículo 260, apartado 3, del TFUE, con un importe mínimo a tanto alzado de 5.290.000 euros y una multa diaria de 89.548,20 euros desde el día de la primera sentencia hasta alcanzar el pleno cumplimiento o hasta la segunda sentencia del Tribunal.
Directiva sobre Protección de Datos en el ámbito penal
El objetivo de la Directiva es garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales y, a la vez, facilitar el intercambio de datos personales entre las autoridades policiales nacionales. La Directiva establece las normas relativas al tratamiento de datos personales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Asimismo, la Directiva garantiza que los datos de las víctimas, los testigos, los sospechosos y los autores de delitos estén debidamente protegidos en el contexto de una investigación penal. Al mismo tiempo, una legislación mejor armonizada también facilita la cooperación transfronteriza entre la policía, los fiscales y los jueces para luchar más eficazmente contra la delincuencia y el terrorismo en toda Europa. Estas normas de la UE contribuyen a la plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
La no transposición por parte de España, al igual que ocurre con Grecia, crea un nivel de protección diferente de los derechos y las libertades de los ciudadanos, y obstaculiza el intercambio de datos entre estos países y los Estados miembros que sí transpusieron la Directiva. Por lo tanto, la Comisión incoó el procedimiento de infracción mediante el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales de los Estados miembros afectados en julio de 2018 y los correspondientes dictámenes motivados en enero de 2019. A día de hoy, Grecia y España no han notificado todavía a la Comisión la adopción de las medidas necesarias para transponer la Directiva, según un comunicado emitido por la institución.
