La Comunidad de Madrid quiere garantizar la accesibilidad universal en todas las nuevas sedes judiciales que tiene previsto poner en funcionamiento próximamente, de manera que los edificios faciliten un entorno plenamente accesible, tanto para los ciudadanos que acuden a los juzgados como para los profesionales que desarrollan en ellos su trabajo, con independencia de que tengan una discapacidad física, psíquica o sensorial. El objetivo final es que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, sin ningún tipo de menoscabo.
Para ello, el Gobierno regional está trabajando en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La inversión prevista hasta 2025 para la unificación y construcción de nuevas sedes judiciales asciende a 90 millones de euros.
El primer ejemplo de la colaboración con CERMI va a ser el nuevo edificio judicial que se incorpora al núcleo civil que se pondrá en marcha, próximamente, en Madrid capital, en el entorno de los juzgados de Primera Instancia de la calle Poeta Joan Maragall. Esta sede, en la calle Rosario Pino, va a agrupar 36 juzgados de Primera Instancia en una superficie de 9.600 metros cuadrados, distribuidos en 11 plantas.
En esta línea de garantizar la accesibilidad universal, un total de 21 sedes judiciales de la región ya disponen de 67 bucles magnéticos portátiles, que se irán extendiendo a otros edificios judiciales. Así, por ejemplo, todas las salas de vistas del nuevo edificio de Rosario Pino 5 contarán desde el principio con estos dispositivos. Los bucles magnéticos son un apoyo para las personas con discapacidad auditiva que utilizan audífono o implante coclear.
Además de las actuaciones que se están llevando a cabo en las nuevas sedes judiciales, la Comunidad de Madrid está trabajando en la supresión de barreras arquitectónicas y obstáculos que puedan existir en los edificios judiciales que ya están en uso en la actualidad. Entre 2018 y 2019, está previsto acometer una inversión conjunta de 3,7 millones de euros con esta finalidad.
El Ejecutivo regional también trabaja para garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan relacionarse con la Administración de Justicia sin limitaciones.
En colaboración con Plena Inclusión Madrid y el Ministerio del Interior, la Comunidad de Madrid va a elaborar materiales de acompañamiento y asesoramiento jurídico para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de toda la información de manera entendible. Asimismo, incluirá programas formativos específicos dirigidos a los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia sobre la atención a este colectivo de personas, que tiene unas necesidades propias.
