El pasado 16 de septiembre, el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz y los principales sindicatos -CCOO y UGT- alcanzaron un acuerdo para el alza del Salario Mínimo Interprofesional incrementándose en un 1,6%, desde los 950 actuales a 965 euros en 14 pagas.
Acuerdo que ha contado con la férrea oposición de la Patronal (CEOE y Cepyme) en dichas negociaciones por la actual coyuntura económica y las dificultes que atraviesan las PYMEs derivadas de la situación de pandemia, afirmando que no es el momento idóneo para que las empresas asuman mayores cargas salariales.
Subidas del SMI
Ya en los últimos años del Gobierno de Mariano Rajoy se incrementó el SMI un 8% en 2016 (la mayor subida en 30 años) y posteriormente en 2017, mediante Real Decreto 742/2016, de 31 de diciembre se fijaba una subida que establecía el mínimo en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes. No obstante, con el Gobierno de Pedro Sánchez, después de una ligera subida del 4% en 2018, se aprobó en la mayor subida de toda la democracia (un 22,3%) quedando fijado en 30 euros/día y 900 €/mes en 14 pagas, y justo antes de la pandemia, en enero de 2020 se acordó una subida del 5,5%, pasando de 900 a 950 mensuales actuales.
La actual subida de 15 euros planteada, del 1,6%, que se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de septiembre, no contenta tampoco a los sindicatos que, si bien han dado su brazo a torcer, arrancan el compromiso del Ejecutivo de que vuelva a ser revisado hasta llegar en los primeros meses de 2022 a los 1.000 euros/mes.
El objetivo de este y anteriores incrementos es que se produzca una progresiva revisión del SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio antes de que finalice la actual legislatura, tal y como se comprometió el Gobierno.
Efectos en el empleo
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha asegurado que seguirán dialogando con el Ejecutivo pese a votar en contra de esta subida del salario mínimo, y recuerda que, de acuerdo con datos ofrecidos por el Banco de España, la anterior subida del 22% supuso la pérdida de entre 100.000 y 180.000 puestos de trabajo en contrataciones.
Desde CEPYME, argumentan además que la subida de 1.000 euros prevista para 2022 tendrá un efecto negativo en el empleo de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo (empleos que dejarían de crearse y los que se destruirían por el incremento) y en la misma línea se pronuncian desde el Banco de España con la actual subida –y las previstas para 2022- afirmando el Gobernador Pablo Hernández de Cos que en la situación económica actual el alza afectará especialmente a aquellos sectores económicos que van más retrasados en el proceso de recuperación, como el de los servicios o el colectivo de pymes y “que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad, jóvenes o mayores de 45 años”.
Todo apunta a que el Gobierno aprobará la subida en el Consejo de Ministros del día 28 de septiembre, habiendo indicado la Portavoz del Ejecutivo que la subida del SMI supone un avance muy importante en el bienestar de los ciudadanos y en la reducción de la precariedad salarial y la reducción de las desigualdades sociales. Si bien el mensaje del Ejecutivo bicolor es de marcado optimismo, están por ver los efectos negativos de la subida que denuncia la Patronal, más si cabe si a principios de 2022 se incrementa hasta los 1.000 euros exigidos por los sindicatos.
Lejos de posiciones ideológicas, lo cierto es que la subida del SMI llega en un momento en que el coste de la vida se ha encarecido en algo más del 3% con respecto al año anterior, según el último IPC del mes de agosto publicado recientemente por el INE, por lo que una subida porcentual del 1,6 parece acorde y coherente en términos de justicia social, si bien lo adecuado hubiera sido un mayor esfuerzo por parte del Ejecutivo en acercar a la Patronal (CEOE y CEPYME) al pacto, aunque ello hubiere conllevado retrasar la subida hasta el año próximo.
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