El objetivo de este Real Decreto-Ley reside, argumenta el Gobierno, en reforzar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, aparte del interés general de España en su totalidad demográfica y territorial. "Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos", expone.
El decreto-ley tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones Públicas; a los datos que obran en poder de las Administraciones Públicas; a la contratación pública y al sector de las telecomunicaciones.
Para ello, esta disposición normativa del Gobierno incluye modificaciones en las leyes de seguridad ciudadana; de procedimiento administrativo común, de régimen jurídico del sector público, de contratos del sector público, general de comunicaciones, y de seguridad en las redes y sistemas de información.
DNI y medidas en la identificación electrónica
Entre otras medidas, el real decreto-ley establece que el Documento Nacional de Identidad (DNI), con carácter exclusivo y excluyente, es el único documento con valor suficiente por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.
Por otro lado, establece medidas en materia de identificación electrónica ante las Administraciones Públicas, ubicación de determinadas bases de datos y datos cedidos a otras Administraciones Públicas. De esta manera, se refuerza el acceso de los ciudadanos a dichas administraciones y la protección de sus datos personales. Para ello, el Real Decreto-Ley incluye también medidas en materia de contratación pública para garantizar que los contratistas cumplan la normativa en materia de protección de datos y seguridad pública.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se consideran válidos a efectos de firma: sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos; sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado; y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca.
En la misma línea, se establece la obligación de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea. Salvo algunas excepciones, estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional y, en cualquier caso, se encuentran disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Respecto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se incluye la obligación de los pliegos de mencionar expresamente el futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. Además, se hará constar en el pliego tanto la finalidad de la cesión de datos como la obligación de la empresa adjudicataria de mantener al contratante al corriente de la ubicación de los correspondientes servidores.
Seguridad en materia de telecomunicaciones
La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 identifica las ciberamenazas y el espionaje como amenazas que comprometen o socavan la seguridad nacional y, con ello, singulariza la ciberseguridad como uno de sus ámbitos prioritarios de actuación. Por ello, en el ámbito de las telecomunicaciones, con el presente Real Decreto-Ley se establecen medidas para identificar mejor las ciberamenazas y reaccionar ante el espionaje y la utilización incorrecta de datos en casos esenciales para el funcionamiento de una democracia, como los procesos electorales.
De este modo, se refuerza la seguridad en materia de telecomunicaciones con el objetivo de potenciar las facultades de que dispone el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Empresa, para afrontar situaciones que pueden afectar al mantenimiento del orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
El presente Real Decreto-Ley amplía los supuestos en los que dicho Ministerio puede adoptar medidas cautelares en casos de razones de urgencia sin audiencia previa del presunto infractor, pudiendo incluir el cese de la actividad o la prestación de servicios.
Seguridad de las redes y sistemas de información
Por último, se incorpora medidas para reforzar la coordinación en materia de seguridad de las redes y sistemas de información. Por ello, el Centro Criptológico Nacional (CCN) ejerce la coordinación nacional de la respuesta técnica de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) en materia de seguridad de las redes y sistemas de información del sector público.
