Derechos fundamentales de los migrantes

La Eurocámara recuerda a los gobiernos que la detención de demandantes de asilo es último recurso y no la norma

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El pleno del Parlamento Europeo ha recordado este miércoles a los gobiernos europeos que la detención de demandantes de asilo que llegan a su frontera de manera irregular solo puede ser una opción "de último recurso" y no la norma en su gestión de los flujos migratorios.

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En una resolución para analizar si los Veintisiete siguen los procedimientos de asilo que marcan las reglas de la UE, los eurodiputados alertan del número cada vez mayor de casos de presunta violación de los derechos fundamentales de los migrantes que arriban irregularmente a suelo comunitario.

También critican las condiciones a menudo precarias de las zonas de tránsito y centros de detención a donde se derivan a los migrantes mientras las autoridades de los países socio examinan y deciden sobre sus solicitudes de protección internacional.

Además avisan de que los menores no acompañados no deben ser nunca sometidos a los procedimientos acelerados a la hora de tramitar sus expedientes, sino que se les debe asegurar una tramitación en los tiempos habituales de los expedientes ordinarios.

Los eurodiputados dejan claro en su documento que no cuestionan con su posición la obligación de los Estados miembro de impedir la entrada ilegal a territorio comunitario, pero insisten en que también deben garantizar el respeto de los Derechos fundamentales de los migrantes, incluido el derecho a pedir asilo.

Por eso, apuntan, las autoridades nacionales deben seguir las reglas de la Unión Europea en materia de migración --cuya reforma está pendiente aún de negociación entre los 27 y la Eurocámara-- y ello pasa por informar a los demandantes de asilo de sus derechos y darles asistencia legal, pero también por ofrecer soluciones efectivas y con garantías a quienes ven rechazada su petición de entrada o protección.

En su informe, la Eurocámara critica también que a pesar de los mecanismos que existen para que los Estados miembros identifiquen a los demandantes que necesitan procedimientos especiales, por ejemplo víctimas de torturas o abusos, estos instrumentos no funcionan en la práctica.