El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves la creación de un impuesto europeo que grave el suministro de servicios digitales por parte de multinacionales con presencia en el bloque comunitario que superen los 40 millones de euros en ingresos por ejercicio.

La Eurocámara solicita que se cree un impuesto para gravar la actividad de las multinacionales digitales en la UE.

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La Eurocámara no tiene competencias en materia fiscal europea, por lo que el informe aprobado con 451 votos a favor, 69 en contra y 64 abstenciones es una opinión no vinculante sobre una cuestión que sigue estancada en las negociaciones entre los Estados miembros, que sí tienen poderes legislativos sobre el asunto.

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Así, los eurodiputados han añadido a la lista de servicios que deben ser gravados el suministro de contenidos en forma de vídeo, audio, juegos o texto usando una interfaz digital, con independencia de que dicho contenido sea propiedad de la empresa o se hayan adquirido los derechos para distribuirlo. De esta forma, las plataformas como Netflix también estarían sujetas a este impuesto.

Además, han propuesto rebajar a 40 millones el umbral mínimo a partir del cual los ingresos obtenidos en el bloque comunitario de una empresa deben ser gravados, frente a los 50 millones que defiende la Comisión Europea en su propuesta.

En cualquier caso, los eurodiputados han remarcado que el impuesto europeo a los servicios digitales sería una solución "temporal" porque es preferible sacar adelante una base imponible común y consolidada a nivel comunitario para el impuesto de sociedades y adoptar gravámenes sobre los servicios digitales acordados en el seno de la OCDE.

El impuesto a los gigantes digitales es una cuestión que sigue dividiendo a los Estados miembros, quienes no han logrando un consenso sobre el asunto en ninguna de las dos reuniones que han mantenido a nivel de ministros de Finanzas, principalmente por la oposición de países como Irlanda, Dinamarca, Suecia o Finlandia. Como todas las propuestas legislativas de fiscalidad, debe ser aprobada por unanimidad entre todos las capitales europeas.