Se trata de un colectivo especialmente vulnerable por encontrarse en un contexto social y cultural ajeno. Las víctimas, en muchas ocasiones, no sólo desconocen los recursos a su disposición, sino que se encuentran especialmente aisladas, por carecer de vínculos familiares locales o no comprender el idioma.
En el convenio, sin contraprestación económica para ninguna de las partes, se establecen las siguientes acciones que se pretenden llevar a cabo en este marco de colaboración:
- Consultar entre las partes del Convenio dudas legales que se puedan presentar con carácter previo al posible retorno a España de una víctima de violencia contra la mujer en el exterior.
- Facilitar la integración de la víctima en el sistema de protección español e informar sobre los recursos disponibles en España, concretamente en lo que se refiere al ámbito jurídico. Las Oficinas Consulares informarán previamente y derivarán cuando proceda a las españolas que sufran situaciones de violencia en el exterior y que requieran el asesoramiento de un abogado/a español/a a los profesionales seleccionados por la Fundación de la Abogacía, con el apoyo de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía, sin perjuicio del derecho a la libre elección de profesional.
- Asegurar la unidad de defensa de manera que una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima en España en los casos que proceda.
En todo caso, una vez en España, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. El Convenio no incluye la prestación de asistencia jurídica en el extranjero, sino que se trata de un asesoramiento jurídico previo a su regreso a España.
El Convenio, firmado este viernes 9 de octubre por la presidenta del Consejo General de la Abogacía y de su Fundación, Victoria Ortega, y la Subsecretaria, Celsa Nuño por parte del Ministerio de Exteriores, es una muestra del consenso social e institucional existente en España para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres. El Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017 exhorta a los poderes públicos y a la sociedad civil a continuar avanzando en esta lucha. En cumplimiento de esta indicación, se desea mejorar en la respuesta institucional y los instrumentos de protección a las víctimas.
En este caso concreto, el objetivo de este Convenio es progresar en la asistencia que se presta a las mujeres españolas víctimas de violencia en el exterior, entendida ésta como la acepción amplia de violencia contra las mujeres recogida en el Convenio de Estambul.
