La incidencia del estado de alarma en los derechos fundamentales. Consecuencias penales

La cuestión que se plantea en cuanto a la posibilidad de que ...

La cuestión que se plantea en cuanto a la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan entrar en un domicilio particular utilizando la fuerza sin la preceptiva autorización judicial, en los casos en que se esté llevando a cabo una fiesta en un domicilio particular contraviniendo las normas que rigen en el estado de alarma, ha suscitado varias dudas en cuanto a su procedencia, máxime cuando en el caso concreto acaecido los últimos días de marzo, un magistrado avaló la actuación policial identificándola como un delito de desobediencia.

Es preciso recordar que salvo autorización judicial o un delito flagrante no es posible que la policía entra en un domicilio. El artículo 18.2 de la Constitución Española -EDL 1978/3879 indica que «el domicilio es inviolable Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». Por domicilio, en términos generales, podemos entender el lugar en que se asienta una persona, donde ejerce sus derechos y obligaciones, donde se desenvuelve su intimidad. Y ello, al margen de la vinculación que le una con el mismo, del título que ostenta sea propiedad, alquiler tradicional o alquiler turístico, si se trata o no de residencia habitual o si se trata de aquel lugar elegido por la persona para ocuparla durante unos días. Por ello, la celebración de una fiesta, contraviniendo claramente las normas que rigen en el estado de alarma decretado, y que obligan a todos los ciudadanos, tiene la consideración de infracción administrativa, pero, en ningún caso, de delito.

Las fiestas ilegales en tiempos de pandemia no están tipificadas en el Código Penal.

Tampoco la situación de estado de alarma justifica la actuación policial que se examina. El estado de alarma, regulado en el artículo 116 de la C.E. -EDL 1978/3879 y en la LO 4/81 de 1 de junio -EDL 1981/2619 -reguladora de estados de alarma, excepción y sitio no permite a diferencia del estado de excepción y de sitio la suspensión de derechos fundamentales como por ejemplo los derechos de reunión, de libertad de expresión, o del de la inviolabilidad del domicilio.

Ni la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana -EDL 2015/32373 ampara la actuación. En su artículo 4, se recogen los principios rectores que gobiernan la acción de los poderes públicos, en relación con la seguridad ciudadana &ldquose regirá por entre otros-... los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad. Y en su artículo 36.6 califica de infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito,&hellip así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación&hellipEstas conductas no son constitutivas de delito. Son infracciones administrativas.

Se plantea asimismo la adopción de la detención en la situación actual del estado de alarma, lo que en absoluto modifica que se trata de una medida cautelar consistente en la privación de libertad con el único objetivo de poner a la persona a disposición judicial por la comisión de un delito, en los casos previstos en el art. 17 de la Constitución Española -EDL 1978/3879 y en el art. 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -EDL 2000/77463-. Y asumiendo la actual emergencia sanitaria y la consecuente declaración del estado de alarma, hay que tener presente que los derechos de las personas detenidas reconocidos en el artículo 520 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, continúan plenamente vigentes y no pueden verse restringidos en modo alguno como consecuencia del estado de alarma. La excepcionalidad que estamos viviendo no puede traducirse en un relajamiento de las exigencias procesales. Aun cuando se puedan introducir ciertas adaptaciones, estas deben en todo caso asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas detenidas, así como la protección de su salud.

En relación a la cuestión que se plantea no voy a s...

En relación a la cuestión que se plantea no voy a ser discrepante con lo que, hasta ahora, he podido leer al respecto, en el sentido de que la actuación que se observa en el vídeo viral, de la entrada de la Policía en un domicilio, al parecer sin autorización judicial ni causa justificativa suficiente, constituye una acción ilícita, con repercusiones penales.

Dicha actuación cabe ser examinada desde tres parámetros.

a Al parecer se trata de un domicilio, alquilado por una persona, donde se estaba celebrando una reunión de personas no convivientes, que celebraban una fiesta, incumpliendo las disposiciones vigentes para preservar la expansión de la pandemia que estamos padeciendo.

Tratándose de un domicilio, conforme al art. 18.2 de la Constitución española -EDL 1978/3879-, es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo «la protección constitucional del domicilio es "una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona".

Por ello, aunque el objeto de protección de la inviolabilidad domiciliaria no es sólo un espacio físico, en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de una persona y de su esfera privada&rdquo 

La protección constitucional del domicilio en el art. 18.2 CE -EDL 1978/3879-, sigue diciendo dicha jurisprudencia, &ldquose concreta en dos reglas distintas. La primera define su "inviolabilidad", que constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido como garantía de que el ámbito de privacidad, dentro del espacio limitado que la propia persona elige, resulte "exento de" o "inmune a" cualquier tipo de invasión o agresión exterior de otras personas o de la autoridad pública, incluidas las que puedan realizarse sin penetración física en el mismo, sino por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos. La segunda, que supone una aplicación concreta de la primera, establece la interdicción de la entrada y el registro domiciliar -constituyendo ésta última la interdicción fundamental, de la que la entrada no es más que un trámite de carácter instrumental-, disponiéndose que, fuera de los casos de flagrante delito, sólo son constitucionalmente legítimos la entrada o el registro efectuados con consentimiento de su titular o al amparo de una resolución judicial&rdquo

De modo que el contenido del derecho es fundamentalmente negativo: lo que se garantiza, ante todo, es la facultad del titular de excluir a otros de ese ámbito espacial reservado, de impedir o prohibir la entrada o la permanencia en él de cualquier persona y, específicamente, de la autoridad pública para la práctica de un registro."

También, en este sentido, el Tribunal Constitucional afirma en la STC 22/1984 -EDJ 1984/22-, que el derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido, según hemos dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del espacio que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública. Como se ha dicho acertadamente -continúa la sentencia del Tribunal Constitucional-, el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello -concluye-, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella.»

En un escalón normativo inferior, el art. 545 LECrim -EDL 1882/1 señala que «Nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes.»

En cuanto al concepto de domicilio la STS 12 de marzo de 2018 -EDJ 2018/22176- establece que: «El derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del individuo que, según el artículo 18.2 de la Constitución -EDL 1978/3879 sólo cede en caso de consentimiento del titular cuando se trate de un delito flagrante, o cuando medie resolución judicial. En cuanto a qué deba entenderse por domicilio, no todo espacio cerrado ni todo lugar que necesite el consentimiento del titular para que terceros puedan entrar en él lícitamente constituyen domicilio. Según ha declarado el Tribunal Constitucional, resaltando el carácter de base material de la privacidad -STC 22/1984 -EDJ 1984/22--, el domicilio es un "espacio apto para desarrollar vida privada" -STC 94/1999, de 31 de mayo -EDJ 1999/11259-, F. 4-, un espacio que "entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad", "el reducto último de su intimidad personal y familiar" -STC 22/1984 -EDJ 1984/22-, STC 60/1991 -EDJ 1991/2844- y STC 50/1995 -EDJ 1995/454-, STC 69/1999, de 26 de abril -EDJ 1999/6895 y STC núm. 283/2000, de 27 de noviembre -EDJ 2000/40909--.

El T. Supremo, a su vez, ha afirmado que "el domicilio es el lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental" -SSTS 24-10-1992, 19-7-1993 y 11-7-1996-. Se resalta de esta forma la vinculación del concepto de domicilio con la protección de esferas de privacidad del individuo, lo que conduce a ampliar el concepto jurídico civil o administrativo de la morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de protección de la privacidad.

Encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad alejadas de la intromisión de terceros no autorizados.»

Conforme al desarrollo y aplicación de dicha doctrina jurisprudencial, el Tribunal Supremo ha otorgado la condición de domicilio a: los jardines y patios de una vivienda, las habitaciones de un hotel, pensión, etc, una caravana o tienda de camping, los camarotes de un barco y como curiosidad la rebotica de una farmacia.

No tienen dicha condición de domicilio los automóviles, los contenedores, los trasteros y garajes, los bares y reservados de un club de alterne.

En el caso que trae nuestra atención, tratándose de un apartamento alquilado legalmente, tiene la condición de morada para su inquilino y goza de la protección del citado art. 18.2 CE -EDL 1978/3879-.

La entrada en dicho domicilio, por lo tanto, requiere o la autorización del titular del derecho constitucional, es decir el morador o, en su defecto, autorización judicial. La tercera posibilidad contemplada en el precepto son los casos de flagrante delito.

Respecto de este concepto, la STS de 12 de marzo de 2018 -EDJ 2018/22176-, recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional -STC 341/1993 -EDJ 1993/10426- establece que: «&hellip no es suficiente la urgencia de la intervención para integrar el concepto de flagrancia, que las expresiones "conocimiento fundado" y "constancia", en cuanto no integran necesariamente un conocimiento o percepción evidente van notoriamente más allá de aquello que es esencial o nuclear a la situación de flagrancia.

&hellip la entrada y registro policial en un domicilio sin previa autorización judicial y sin que medie el consentimiento expreso de su titular únicamente es admisible desde el punto de vista constitucional -art. 18.2 C.E. -EDL 1978/3879- cuando dicha injerencia se produzca ante el conocimiento o percepción evidente de que en dicho domicilio se está cometiendo un delito, y siempre que la intervención policial resulte urgente para impedir su consumación, detener a la persona supuestamente responsable del mismo, proteger a la víctima o, por último, para evitar la desaparición de los efectos o instrumentos del delito". Elementos que aparecen asimismo en el concepto de flagrancia contenido en la redacción actual del artículo 795.1.1º de la LECrim -EDL 1882/1-&hellip&rdquo No deja de advertir el Tribunal Supremo, en la citada sentencia que &ldquolo dispuesto en el artículo 553 de la LECrim, no permite ampliar por esta vía los supuestos constitucionalmente establecidos, lo que impide su aplicación prescindiendo de la concurrencia de flagrancia. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia antes citada, la previsión contenida en el artículo 18.2 "tiene un carácter rigurosamente "taxativo" -STC 160/1991 -EDJ 1991/8069-, fundamento jurídico 8º-"».

b En otro orden de cosas hay que señalar que la protección constitucional que otorga el art. 18.2 -EDL 1978/3879-, no se encuentra limitada, supeditada o suspendida por la situación de estado de alarma en la estamos y se produce la actuación policial.

El estado de alarma, al igual que los de excepción y sitio está regulado en el artículo 116 de la Constitución -EDL 1978/3879 y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de Estados de Alarma, Excepción y Sitio -EDL 1981/2619-.

Ni en dicha Ley Orgánica respecto del estado de alarma, ni menos en el Decreto que establece el mismo, se afecta de modo alguno el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y menos se suspende su eficacia.

En consecuencia, la intervención de los agentes de policía debía acomodarse a los presupuestos legales ya expuestos, sin que quepa considerar amparada su actuación por lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana -EDL 2015/32373-, que establece que «será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y las cosas, en su puesto de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad», al no darse dichos supuestos.

c La actuación de los agentes, al irrumpir en el domicilio, tras fracturar la puerta del mismo, no contando con la autorización del titular inquilino, ni de una autorización judicial, y no concurriendo la circunstancia justificativa de la flagrancia, dado que la actividad que se estaba llevando a cabo, celebrando una fiesta entre no convivientes, aun cuando constituya una infracción administrativa, no tiene naturaleza de delito, puede constituir presuntamente una actuación delictiva.

Tampoco el hecho de la negativa a dejar entrar en el domicilio o a identificarse, determinarían una situación de flagrancia, pues teniendo conocimiento de la actividad que se realizaba, aun cuando sea una infracción administrativa, requería una actuación de urgencia.

d Llegados a este punto cabría señalar la posible comisión de un delito de allanamiento de morada, en su modalidad agravada, por la condición de funcionario público del agente de policía -art. 202 en relación con el 204 C. Penal -EDL 1995/16398--, o si se estimase que tiene recorrido el hecho de que se hubiera cometido previamente un delito de desobediencia, podría apreciarse la conducta como integrante del art. 534.1 C. Penal.

Asimismo, dado que se fracturó la puerta, podríamos estar ante un delito de daños del art. 263 C. Penal -EDL 1995/16398-.

Más discutible, pienso que no sería el caso, sería la consideración de si se cometió un delito de detención ilegal del art. 163 C. Penal -EDL 1995/16398-, respecto de algunas de las personas que participaban en la fiesta y que fueron conducidas a Comisaría para identificación, en la medida en que, al parecer, se negaron a facilitar dicha identificación.

A cualquier persona con una mínima inquietud jurídi...

A cualquier persona con una mínima inquietud jurídico-social, le causa cuando menos extrañeza lo que todos hemos visto, pues genera cierto rechazo en relación al Estado de derecho que gracias a nuestra Constitución, leyes, jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional tanto nos ha costado darnos. Habrá gente joven que piense que esto siempre fue así y además es gratuito, pero nada más lejos de la realidad.

España es una democracia joven con todas sus consecuencias, y llegar a donde hemos llegado ha sido gracias al esfuerzo y sacrificio de nuestros mayores. ¡Ojalá no lo tiremos por la borda!.

Vaya por delante mi desprecio a quienes no respetan las normas de aislamiento social impuestas por la desgracia que estamos padeciendo. Ahora bien, su infracción es un ilícito administrativo y solo una interpretación muy forzada nos puede llevar a la conclusión de que nos encontramos ante un delito, pues el delito de desobediencia a los agentes de la autoridad exige una conducta obstativa y de desprecio a la autoridad que encarnan, que no es tan simple como incumplir una norma administrativa.

Tenemos la fortuna de vivir en un país donde el domicilio es inviolable según el artículo 18 de la Constitución -EDL 1978/3879 y solo mediante autorización judicial o delito flagrante, cabe lo contrario. Contamos con una profusa jurisprudencia y doctrina constitucional muy generosa en relación al concepto de domicilio, abarcando chabolas, caravanas o habitaciones de hotel, y muy restrictiva acerca del concepto de delito flagrante concepto este último que, por ejemplo, no coincide con el que se maneja en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación a los juicios rápidos de los artículos 795 y 801 -EDL 1882/1-, que es muy laxo y honradamente creo que nos hemos de felicitar por ello, ya que es un signo de civilización y alto rango democrático.

La protección domiciliaria arranca de antiguo. Ya Cervantes escribió: «estás en tu casa, donde eres señor della, como el rey de sus alcabalas» y lo sucedido constituye, en mi opinión, un importante paso atrás que a buen seguro tendrá consecuencias.

Los policías entraron amparados en la flagrante comisión de un delito grave de desobediencia ante la negativa de la moradora de facilitarles el acceso con su consentimiento -moradora que, por cierto, demostró tener un prolijo conocimiento de las circunstancias en que podía franquearse la inviolabilidad de su morada-.

Pues bien, como todos sabemos, el flagrante delito es la tercera fórmula de acceso a un domicilio pero a mi entender, fue una maniobra jurídicamente rebuscada -de «tosca pirueta», la califica Alfredo de Diego y la gravedad del delito, a la vista de las circunstancias, es harto discutible, sin que ninguna relación guarde con el auto que denegó el hábeas corpus, cuya motivación podría ser también harto discutible.

Me resulta extraño que, ante la denegación de un consentimiento a requerimiento policial, se pueda decir que estamos ante un delito flagrante de desobediencia que justifique el acceso involuntario de la fuerza policial al domicilio. ¿Para qué queda entonces la autorización judicial?

Insisto en que me resulta execrable la actitud incívica de quienes no cumplen la normativa limitadora de las reuniones sociales por causa de la pandemia me felicito de que se impongan importantes sanciones económicas a los incumplidores -capítulo aparte es si se podrán ejecutar o no-, pero lo que ha sucedido, a bote pronto, no es constitutivo de un delito flagrante lo suficientemente grave como para justificar una medida restrictiva de un derecho fundamental por parte de los agentes policiales. De ser así, ¿dónde estará el límite en lo sucesivo?, ¿cuándo no podrá entrar la policía en un domicilio sin autorización judicial ni del morador?

Me parece una actuación extravagante y también lo es intentar justificarlo en que no se trataba de un domicilio, sino de un lugar alquilado ex professo para la celebración de una fiesta. No parecía eso lo que muestra el célebre vídeo. Honradamente, no creo que eso sea una decisión propia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No es su labor y, menos aún, cuando la protección en España abarca a barcos, trasteros y hasta caravanas en la que se vive con una mínima intimidad.

Todo parece recordar al artículo 2 de la conocida como «ley Corcuera», cuyo resultado constitucional es de todos conocido -LO 1/1992 -EDL 1992/14544--. Además, conviene tener presente que quienes se encontraban en el interior no estaban cometiendo ningún delito, sino infringiendo una orden administrativa que, en mi modesta opinión, nunca podría justificar romper con la inviolabilidad del domicilio. Es más, de haberse sometido la solicitud de acceso al criterio del juez de guardia -que hubiese sido lo correcto-, dudo mucho que hubiera superado el tamiz de la proporcionalidad, que como es sabido, constituye elemento esencial en la aprobación de la injerencia o, dicho de otro modo, que no todo delito -y esto no lo es justifica una entrada y registro involuntaria, a lo que hemos de añadir la detención que también se produjo.

Pensemos que si se tratara de una medida jurisdiccional se exigiría a rajatabla el cumplimiento de la proporcionalidad, de manera que la motivación de la autorización judicial debe consagrar un simple juicio de proporciones entre el sacrificio del derecho y el fin investigador que se pretende con su adopción. El requisito de la proporcionalidad tiene consagrado un notable cuerpo de doctrina y jurisprudencia, tanto en el TEDH como en el Tribunal Constitucional si bien, se desprende de sus resoluciones que el juez debe ponderar la adecuación de la medida con la necesidad, adoptándose cuando no existan medios alternativos.

Es preciso tener en cuenta que la medida podrá ser idónea y no necesaria y, además, deberá considerarse lo que en la doctrina alemana se define como el «éxito previsible», descartando su aplicación cuando sea posible prever su escaso éxito. La legislación comparada, limitando el arbitrio judicial, establece referentes legislativos en los cuales es posible la adopción de medidas que afecten a los derechos fundamentales -códigos procesales alemán, italiano y portugués-. En nuestro Derecho, por el contrario, no existe el más mínimo referente parecido, obligando al juez a realizar la ponderación caso por caso, sin más referencias que los antecedentes judiciales, que en la mayoría de los casos no pasan de determinar, por ejemplo, lo que constituye domicilio y lo que no lo es, pero que rara vez llevan a cabo una verdadera ponderación, reservando dicha obligación exclusivamente al juez instructor.

A la hora de llevar a cabo el juicio en cuestión, el juez debe tomar como referente inicial la relevancia social de los bienes que se tratan de proteger con la persecución del delito que, si bien normalmente van asociados con la gravedad de las penas que en su día se pudieran imponer, no necesariamente ha de ser así. En relación a esta materia, el TEDH -caso Funke ha rechazado la posibilidad de llevar a cabo un registro domiciliario en averiguación de una evasión de capitales, aunque por el contrario el TC, en las sentencias STC 66/1989 -EDJ 1989/4114 y STC 85/1989 -EDJ 1989/4891-, sí lo consideró proporcionado con respecto a delitos relacionados con el control de cambios, a los que entonces se penaba con sanciones pecuniarias, por entender que se trataba de delitos que podían causar grave perjuicio a la economía nacional. En materia de sanidad pública, es difícil encontrar referente alguno

Si el consentimiento del titular es un supuesto que no presenta grandes dificultades, sin duda el tema de la flagrancia ha dado lugar a ríos de tinta y por ello merece un tratamiento más detenido. Resulta imposible abordar el tema sin hacer referencia a la célebre STC 341/1993 -EDJ 1993/10426-, que declaró inconstitucional el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana -EDL 1992/14544-, así como a los diversos pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo derivados de los recursos de casación que se plantearon por registros policiales practicados al amparo de dicha norma. En el citado precepto se excluía como requisito la percepción personal directa del hecho delictivo por parte del tercero que sorprende in situ al delincuente. Dicho precepto, como no podía ser de otra forma, fue sometido de inmediato a duras críticas. En su favor se argüía la célebre STS de 29 de marzo de 1990 -EDJ 1990/3507-, conforme a la cual el delito flagrante, a los efectos del artículo 553 de la LECrim -EDL 1882/1 en relación al artículo 18.2 de la CE -EDL 1978/3879-, quedaba delimitado por tres requisitos: inmediatez temporal, inmediatez personal entre sujeto y objeto o instrumentos del delito y la necesidad urgente. Sin embargo, la STC 341/1993 -EDJ 1993/10426 dio al traste con el precepto y con el cuerpo doctrinal que se elaboró en apoyo del mismo.

También sería harto discutible que estuviésemos en presencia de un delito flagrante, e incluso de que se tratara de un delito. En la actualidad, el TS define la flagrancia en torno a dos conceptos esenciales: a la percepción personal por parte de los agentes de la autoridad, y b la necesaria intervención en orden a evitar el agotamiento del delito, la desaparición de los efectos o instrumentos o para evitar la fuga de los autores. Así, a título de ejemplo, en la STS de 15 de noviembre de 1995 -EDJ 1995/5931-, se puede leer: «el término flagrante en correspondencia con su origen etimológico, significa en sentido técnico-jurídico que un delito lo sea cuando se cometa públicamente y ante testigos, siendo así un delito flagrante el que encierra en sí las pruebas de su realización, por lo que la flagrancia es la percepción personal directa del hecho delictivo, de manera que la flagrancia se ve, se observa, no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria».

Por lo que respecta a la percepción personal, conviene indicar que el TS la admite por cualquier medio sensorial. El más común será, lógicamente, el de la vista -STS 4 de febrero de 1994 -EDJ 1994/904-, 31 de enero de 1995 -EDJ 1995/30-, 15 de noviembre de 1995 -EDJ 1995/5931--, pero no es el único. Así, en la sentencia de 31 de enero de 1995 se admitió la entrada de los agentes que oyeron a través de la puerta, que se encontraba abierta, una conversación que se mantenía en relación a la comercialización de drogas.

Otro aspecto significativo es la absoluta necesidad de que la percepción sea protagonizada por los agentes que procedan a materializar la entrada y registro, haciendo inviable cualquiera que se practique mediante llamadas de terceros, normalmente vecinos anónimos, ya que precisamente esa percepción directísima es la base de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 21.2 de la LPSC, que como por todos es conocido admitía la entrada en base al «conocimiento fundado», posibilidad hoy desterrada. Dicho de otra forma, que ni los indicios ni el relato de un tercero son fuentes válidas a efectos de la flagrancia, exigiéndose una percepción personal, como ha sido tradicional en nuestro derecho -antiguo art. 779 de la LECrim -EDL 1882/1--.

Se intenta justificar con arreglo a los artículos 9.13 y 16,1 de la Ley de Seguridad Ciudadana -EDL 2015/32373 y a instrucciones del Ministerio de Sanidad junto a la dirección operativa de la Policía Nacional, pero en modo alguno se respeta el principio de proporcionalidad, y eso, en un Estado de derecho, no se puede dejar en manos de la Policía. Sería tanto como atribuirle la interpretación del artículo 18 de nuestra Constitución -EDL 1978/3879 y esa no es su función ni cometido es más, creo que a los policías se les ha puesto en una diatriba injusta y que no es descartable que les acarree consecuencias, pues quién nos dice que esto no acaba convirtiéndose en un procedimiento penal por un allanamiento de morada y detención ilegal. Nada es descartable.