La ministra ha señalado, durante su intervención ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que, en el contexto derivado de la pandemia sanitaria, estas medidas deben servir para salir de la crisis protegiendo a los sectores más vulnerables y para fortalecer el Estado de Bienestar con el objetivo de no dejar a nadie atrás.
En su comparecencia, Montero ha recordado que el objetivo de su departamento es impulsar un crecimiento económico sostenible que sea compatible con una "ambiciosa agenda social" que permita reducir las desigualdades y ganar cohesión social y territorial. En este sentido, la ministra ha resaltado que el Gobierno está trabajando y adoptando medidas para que la solución a la crisis generada por el COVID-19 no sea la misma que la aplicada en la crisis de 2008.
Para conseguir ese objetivo, la ministra ha indicado la importancia de avanzar sobre tres ejes fundamentales como son aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que "consoliden un modelo de crecimiento equilibrado e inclusivo"; impulsar la fiscalidad del siglo XXI, que permite adaptar el sistema tributario a las nuevas realidades de la economía digital; y consensuar un nuevo modelo de financiación autonómico y local que ayude a una vertebración más justa del sistema territorial.
Presupuestos Generales
Montero ha señalado que el primer objetivo es la elaboración de los Presupuestos Generales de 2021, que deben ser el pilar para reactivar la economía tras el impacto de la pandemia. Unas cuentas públicas que deben tener como prioridad la reconstrucción económica y social tras la emergencia sanitaria actual. Para ello, la ministra ha destacado la necesidad de fortalecer el Estado de bienestar, en especial, reforzando la sanidad pública para garantizar que cuenta con los recursos necesarios para abordar eventuales situaciones de riesgo en el futuro.
También ha considerado prioritario que los Presupuestos incluyan los recursos necesarios para proteger a las clases medias y trabajadoras y a los colectivos más vulnerables. Para ello, la ministra ha mostrado la disposición del Gobierno a dialogar con todos los grupos parlamentarios, los agentes sociales y la sociedad civil.
Asimismo, la titular de Hacienda ha anunciado que para impulsar la evaluación de las políticas públicas, en los Presupuestos de 2021 se incorporarán las conclusiones de los Spending Review que está realizando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y que servirán como base de la reforma fiscal. Además, las cuentas públicas fomentarán un crecimiento económico sustentado en la revolución tecnológica y digital y en la transición ecológica justa, a través del impulso de la inversión en I+D+i.
Fiscalidad del siglo XXI
El segundo eje de actuación del Ministerio de Hacienda tiene que ver con adaptar el sistema tributario a los retos del siglo XXI vinculados a la nueva realidad digital, tecnológica y global. El objetivo principal es lograr un sistema fiscal más justo y redistributivo, que reclame una mayor contribución a la sociedad a los que más tienen.
La ministra ha recordado que España es el quinto país con menos ingresos públicos sobre el total del PIB de la eurozona. Por tanto, Montero ha explicado que es necesario avanzar en la equiparación progresiva de los niveles de tributación a la media de los países comunitarios. En este sentido, la ministra ha considerado clave explicar a los ciudadanos que "sin un sistema tributario justo no hay Estado social y de derecho" y, por tanto, no hay políticas públicas de sanidad, educación o dependencia de calidad.
Para abordar esos retos y dar respuesta a una economía globalizada, el Gobierno ha remitido al Congreso el Impuesto a Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras. Ambas figuras tributarias siguen las recomendaciones planteadas por la Comisión Europea.
Además, Montero ha señalado que la lucha contra el fraude fiscal es otra de las prioridades de su departamento ya que, sin justicia fiscal, no puede haber justicia social. Así, ha recordado que la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que se encuentra en sus últimas fases consultivas a la espera del dictamen del Consejo de Estado, incluye la prohibición por ley de las amnistías fiscales, entre otras medidas. Además, la ministra ha destacado que se incrementarán los recursos humanos dedicados a combatir estar prácticas irregulares.
Reforma de la financiación
El tercer gran eje de actuación expuesto por la ministra de Hacienda es dotar a las entidades territoriales de los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad. Para ello, Montero ha reiterado el compromiso del Gobierno de impulsar una reforma del modelo de financiación autonómico y local.
Respecto a la financiación local, la ministra ha señalado la intención del Gobierno de promover un debate sobre el marco competencial de los ayuntamientos, que son la administración más cercana a las necesidades y problemas de la ciudadanía. En este sentido, Montero ha indicado que ya se han celebrado varias reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar sus propuestas.
En su intervención, la titular de Hacienda ha defendido la posibilidad de que los ayuntamientos asuman más competencias. Pero ha explicado que ese debate debe estar acompañado de la reforma local que permita a los municipios contar con los recursos suficientes para hacerse cargo de esas responsabilidades.
En este sentido, la ministra ha insistido en el compromiso del Gobierno de flexibilizar la regla de gasto para adaptarla al momento del ciclo económico.
