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Para mejorar los sistemas de detección de uso irregular de fondos públicos, conflictos de intereses o abuso de información privilegiada

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares podrá consultar las bases de datos del Notariado

Noticia

Este miércoles, el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Baleares, Jaime Far y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; han suscrito un convenio de colaboración entre ambas instituciones. En virtud de este acuerdo, el organismo autonómico podrá acceder a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad pública de los notarios. En el acto estuvieron acompañados por el decano del Colegio Notarial de Baleares, Raimundo Fortuñy.

FIRMA CONVENIO CGN-BALEARES

Con esta colaboración, la Oficina balear incorporará a sus actuaciones inspectoras un nuevo sistema de comprobación e investigación. El acceso a las bases del notariado se realizará con un sistema telemático de encriptación segura, conforme a la normativa española de Protección de Datos.

En 2016, el Parlamento balear puso en marcha esta Oficina independiente que tiene, entre otras, las siguientes funciones: investigar el incremento del patrimonio de los cargos públicos; analizar los riesgos en contratos, ayudas o subvenciones oficiales; impulsar medidas que impidan el uso irregular de los fondos; prevenir conductas del personal que comporten conflicto de intereses; y detectar el abuso de información privilegiada o beneficio privado de la condición pública de un cargo.

Por otro lado, la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece determinadas obligaciones de identificación del titular real, a cuyos efectos contempla que los sujetos obligados podrán acceder a la base de datos de titularidad real del CGN, previa celebración del correspondiente acuerdo de formalización.

Asimismo, la Directiva comunitaria relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo establece que los Estados miembros velarán por que toda la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes.