Los PGE para este ejercicio destinan al SEPE un gasto de 40 millones de euros para un total de 50.000 contratos formativos, como ocurría en años anteriores. Sin embargo, con la aplicación de la reforma laboral la cifra final prevista de este tipo de contratos será de 132.143, a los que se suman 2.857 para las excepciones al límite de edad previsto, de 30 años.
Por tanto, los contratos formativos pasarán de los 50.000 previstos de manera inicial a los 135.000 que se prevén con la reforma laboral.
El gasto medio estimado para este tipo de contratos es de 807 euros, pero al aumentar el número de contratos también se incrementa el importe final, hasta los 108,35 millones de euros en un año ordinario, según la Memoria del análisis de impacto normativo del Real Decreto-Ley.
Ese documento señala que "en el Presupuesto de 2022 no se estimó el importe del citado incremento". No obstante, aclara que la reforma "no empezará a aplicarse de forma efectiva hasta mediados de 2022", debido al periodo de tres meses que otorga a los empresarios para adaptarse a la misma, por lo que esos 108,35 millones de euros se reducen a la mitad, hasta los 54,5 millones de euros.
Esos 54,5 millones de euros implican un gasto de 14,5 millones sobre los 40 millones de euros ya contemplados para el SEPE.
"En 2022 en caso de ser necesario se deberá tramitar la correspondiente modificación presupuestaria, y a partir de ese momento el incremento que corresponde al año tipo indicado deberá tenerse en cuenta para los cálculos del importe a recoger en los presupuestos del SEPE para los años 2023 y siguientes", explica la Memoria.
También recuerda que los créditos destinados a atender el gasto de bonificaciones de fomento del empleo tienen la consideración de ampliables en los PGE de 2022.
Menores ingresos
La Memoria también plantea la posibilidad de que se reduzcan los ingresos por cotización de desempleo y por cotización por formación profesional para el empleo, debido a las exenciones del 90% en la aportación empresarial que se podrán aplicar a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor temporal por impedimentos o limitaciones de la actividad normal.
La base sobre la que se aplica el incentivo es la misma para contingencias comunes que para la cotización por desempleo y por formación profesional para el empleo.
El SEPE tendrá unos menores ingresos que representan el 24,83% de los importes que dejará de ingresar la Seguridad Social, según las estimaciones de la Memoria.
En el caso de los ingresos, se vuelve a tener en cuenta que la reforma no estará aplicada plenamente hasta mediados de 2022, por lo que la reducción solo se dará en una parte del ejercicio.
En las previsiones de recaudación del Proyecto de Presupuestos de 2022 se estimaba unos ingresos por cotizaciones de desempleo de 23.500 millones de euros, que con las modificaciones legislativas se situará en los 23.600 millones de euros.
