En un auto dictado en el día de hoy, el tribunal explica que “los diversos informes adjuntados avalan el riesgo que la no adopción de medidas limitativas de derechos, como la libertad empresarial y otros en juego, supondría para estos intereses generales a fecha de la adopción de las medidas”.
En este sentido, la Sala se refiere al informe de fecha 9 de noviembre de 2020 aportado por el Gobierno de Cantabria sobre la situación asistencial en el Servicio Cántabro de Salud, que “concluye con la previsión de evolución que mostraba a fecha de ayer una tendencia alcista, lo que hace presuponer un aumento de la presión asistencial en hospitalización convencional y UCI en las próximas semanas”.
“De ahí que la Sala considere no procede la adopción de la medida cautelar de suspensión a la vista de los datos considerados en la adopción de la resolución impugnada, superados en el momento actual con las cifras que arrojan los actuales niveles de alerta en la Comunidad”, remacha.
La Asociación de Hostelería formalizó el pasado lunes un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del consejero de Sanidad del viernes 6 de noviembre y junto a ello solicitaba la adopción de una medida cautelar, que ahora ha sido desestimada.
En su auto de hoy, el tribunal decide no condenar en costas al recurrente, dada “la existencia de decisiones judiciales de otros Tribunales Superiores que difieren de la visión y planteamiento del presente auto en cuestiones similares, unido a la dificultad que presenta la ponderación de intereses en el estudio de las medidas que se adoptan en esta insólita situación, caracterizada, además de por su dramática gravedad, por la incertidumbre y la urgencia”.
