Elaborada durante el estado de alarma y aprobada a finales de mayo, el Tribunal Superior de Justicia solicita, en materia de planta judicial, la creación de un nuevo juzgado civil, otro mixto para San Vicente de la Barquera y dos plazas de magistrado o magistrada para las secciones de la Audiencia Provincial de Cantabria.
Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces plantea la necesidad de crear una Oficina de Atención a las Víctimas y una red asistencial que cubra los ocho partidos judiciales de la comunidad autónoma; así como mejoras en el sistema de grabación para garantizar la autenticidad de lo grabado y que se pueda además incorporar directamente al expediente judicial electrónico.
Estas son las principales necesidades que la Sala de Gobierno advierte tras analizar la situación de los órganos judiciales a 31 de diciembre del pasado año, un 2019 en el que el conjunto de los órganos judiciales de Cantabria registró 78.217 asuntos, resolvió 77.094 y al finalizar el periodo seguía tramitando otros 28.773.
Radiografía de la justicia cántabra en 2019
Los asuntos ingresados durante el pasado año crecieron un 2,8% respecto a 2018, de modo que la tasa media de asuntos por cada miembro de la carrera judicial fue de 1.029, un 2,8% más que un año antes.
Los asuntos resueltos aumentaron un 5,6% y la tasa de resolución -la que pone en relación los asuntos que se resuelven con los que ingresan- se situó en el 0,99, lo que significa que los jueces y juezas de Cantabria dieron salida a una cantidad de asuntos similar a la de los que iban entrando.
Durante el pasado año, estos jueces y juezas dictaron un total de 23.443 sentencias y 31.939 autos, mientras que los letrados y letradas de la administración de justicia firmaron 20.957 decretos.
La media de sentencias dictadas por cada miembro del colectivo judicial fue de 308,46, lo que supone un incremento del 8,7% respecto a las dictadas de media en 2018.
Además, las sentencias dictadas y recurridas fueron menos en 2019 que un año antes: mientras que la pasada anualidad se presentó recurso en el 17,7% de las resoluciones finales dictadas, en 2018 las recurridas representaron el 19,2% del total de las dictadas.
La duración media de los procedimientos al finalizar 2019 era de 4,4 meses en la primera instancia y de 3,7 meses en la segunda instancia.
Al poner en relación el total de asuntos por resolver –los que ya estaban en los juzgados al comienzo del periodo y los nuevos que entran en el trimestre- con los que se resolvieron, nuestra región se encontraba al finalizar 2019 entre las que menos congestión tenían, con una tasa de 1,37 frente a la media española de 1,46.
Esta baja congestión, que se observa en todas las jurisdicciones, contrasta con la tasa de litigiosidad, que pone en relación los asuntos presentados en el territorio con la población, y que durante el pasado año se situó en Cantabria en 134,6 asuntos por cada mil habitantes, por encima de la media española, que fue de 133,5.
Y es que la comunidad autónoma fue, un año más, la segunda con mayor tasa de litigiosidad civil a lo largo de 2019, con un total de 61,6 asuntos por cada mil cántabros –3,5 asuntos más que en 2018-, frente a la media nacional, que se situó en 50,7 pleitos de este tipo por cada mil españoles.
Serían precisos nuevos órganos judiciales
En su Memoria Judicial correspondiente a 2019, la Sala de Gobierno del TSJC tras analizar estos datos justifica la necesidad de crear un nuevo juzgado para Santander.
Pese a que acaba de entrar en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia nº 12, la carga de trabajo que soportan los juzgados civiles de la capital aconseja la creación de una unidad judicial más.
No en vano, como se acaba de indicar más arriba, Cantabria fue el pasado año la segunda comunidad de toda España donde se plantearon más pleitos civiles en relación a la población.
Hay que tener en cuenta que el reparto ordinario de asuntos en el partido de Santander se turna entre un juzgado menos, ya que el Juzgado de Primera Instancia nº 2 está dedicado en exclusiva a las demandas relacionadas con condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Por otro lado, la Sala de Gobierno solicita un año más la creación de dos plazas de magistrada o magistrado para la Audiencia Provincial de Cantabria: una para las secciones penales –primera y tercera- y otra para las secciones civiles –segunda y cuarta.
En este sentido, señala que el aumento de la litigiosidad por los recursos que se interponen contra las sentencias del Juzgado nº 2 y contra sentencias del resto de juzgados sobre otros productos financieros aconsejan la petición de una plaza más en las secciones civiles.
En cuanto a la petición de una plaza más para las secciones penales, la Memoria recoge, entre otros motivos, que se superan constantemente los módulos de dedicación y se mantiene esencialmente el número de asuntos ingresados.
Completa el capítulo de nuevos órganos, la petición de que el partido de San Vicente de la Barquera, por su extensión geográfica y por la carga de asuntos que soporta, cuente con un segundo juzgado de primera instancia e instrucción.
La Oficina de Atención a las Víctimas, una previsión legal
La Memoria Judicial también apunta a la necesidad de adoptar las medidas necesarias para cumplir con el Estatuto de la Víctima, ley que entró en vigor en 2015 y que prevé la creación de oficinas de asistencia que presten servicios de información, apoyo emocional y asesoramiento legal a las víctimas, y también que faciliten la coordinación entre los diferentes órganos, instituciones y entidades que prestan servicios de apoyo.
En este sentido, la Sala de Gobierno indica que la creación de esta oficina de contenido multidisciplinar con ámbito de actuación en todo el territorio podría complementarse con una red de asistencia en cada partido judicial mediante la formación especializada de funcionarios de la administración de justicia.
Tal formación habría de extenderse, según propone la Memoria, a todas las personas que prestan servicio en juzgados de instrucción, mixtos, de violencia sobre la mujer, de menores, de lo penal y también de las secciones penales de la Audiencia Provincial.
Como dotación de esta Oficina de Atención a las Víctimas y para uso común de todos los juzgados, se considera fundamental que cuente con una cámara Gesell, infraestructura idónea para recabar testimonios de víctimas menores de edad en un entorno adecuado y lo menos invasivo posible.
Por otro lado, la Sala de Gobierno insta a la adopción de medidas para paliar la demora que tienen los equipos psicosociales para la emisión de informes solicitados por los juzgados, y propone la creación de un equipo en Torrelavega, equipo cuya creación ha sido anunciada recientemente por el Gobierno de Cantabria.
Finalmente, en materia tecnológica, se pide la instalación de un sistema de grabación de vistas y otras actuaciones judiciales que permita integrar lo grabado directamente en el expediente judicial electrónico, y que además garantice la autenticidad de lo grabado; así como completar la dotación de sistemas de videoconferencia en todos los juzgados de la región.
