Se han celebrado reuniones con la secretaria de Organización de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Lidia Urrea, y con la portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), Abigail Fernández, recién elegida en el congreso celebrado hace diez días en Valencia. A ambos encuentros ha asistido también el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado. A estas citas hay que sumar la mantenida la pasada semana con el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Rafael Lara, según ha informado el Ministerio de Justicia.
En estos encuentros se ha tratado la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a los plazos de instrucción de las causas y su consideración como complejas a instancias del Ministerio Fiscal. La ley establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para realizar dicha calificación, plazo que termina el 6 de junio.
Las distintas asociaciones han coincidido en su petición de que más allá de la colaboración prestada en estos meses por la novedad de la regulación legal, la ley establece claramente cuál es la obligación de cada operador jurídico y exigen el cumplimiento exacto de las responsabilidades que la norma impone a cada uno.
En los últimos días los letrados de la Administración de Justicia han facilitado una relación de causas pendientes de revisión al Ministerio de Justicia y están realizando el seguimiento de las mismas.
Desde el Ministerio se ha agradecido el esfuerzo realizado para cumplir la norma y se ha mostrado el convencimiento de que el trabajo coordinado de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia permitirá clasificar a tiempo las causas penales pendientes.
