La adopción de los Veintisiete era el último paso formal que quedaba, tras el visto bueno del Parlamento Europeo a finales de abril, para que fuera adoptada definitivamente la que es la primera legislación europea contra la violencia machista.
Así, se perseguirá en toda la Unión Europea como formas de violencia de género la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el intercambio no consensuado de imágenes íntimas, el ciberacoso, el señalamiento en las redes y la incitación al odio o la violencia contra la mujer a través de Internet. También prevé disposiciones para armonizar sanciones, circunstancias agravantes, jurisdicción y plazos de prescripción.
El nuevo marco común exige a los Estados miembro leyes más estrictas contra la violencia en red, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones y establece directrices particulares para los delitos contra las mujeres en Internet, como la divulgación de información privada.
La nueva legislación incluye una lista más larga de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes contra personalidades públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Atacará igualmente la intención de castigar a las víctimas en función de su sexo, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, y el deseo de mantener o restaurar el "honor".
Respecto a la protección de las víctimas, la directiva fija normas mínimas para priorizar el acceso a alojamientos protegidos a víctimas de violencia, al igual que acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Mediante la nueva ley europea, las autoridades de los Estados miembros tendrán mayores obligaciones de notificación y recopilación de pruebas, y deberán concienciar a la población de que las relaciones sexuales no consentidas se consideran delito.
Con todo, la nueva legislación deja fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación por las reservas de varios gobiernos. Todo después de que los servicios legales del Consejo advirtieran de que la reforma que se negociaba no ofrecía la base legal necesaria para abordar la violación puesto que es necesario que sea antes considerado un delito europeo, algo que por el momento no sucede.
