Así lo ha convenido la federación municipalista en una reunión extraordinaria de su Junta de Gobierno, donde se ha planteado que ese fondo se calcule en "pasado, presente y futuro", según ha señalado el presidente de la FEMP, Abel Caballero, e incluya la minoración de la recaudación de muchos ayuntamientos que, ya antes de la sentencia del Supremo, no venían realizando cobros de este impuesto.
Esto es, según asegura la FEMP, la cantidad no recibida entre la emisión de la sentencia y la entrada en vigor del decreto aprobado por el Gobierno, y la cifra que dejarán de recaudar en el futuro con la aplicación de la nueva norma. Los cálculos de esas cantidades se realizarán con la utilización de una metodología común para todos los Gobiernos locales que se elaborará y planteará desde la FEMP.
Asimismo, la FEMP también tiene previsto llevar al Senado una enmienda para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 contemplen un fondo activo para compensar la minoración de ingresos.
Por su parte, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha adoptado una solución para establecer una nueva forma de cálculo del gravamen, pero no se ha ocupado de las consecuencias económicas que va a tener para las entidades locales esta reforma".
