Los jueces decanos han calificado de "gratuita, innecesaria" y de "dudosa constitucionalidad" la prohibición que impone a los jueces el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de opinar en medios de comunicación sobre asuntos de los tribunales. Además, advierten de que la reforma dificulta las causas de corrupción y conlleva un alto riesgo de "influencia política" en los juzgados.
Así figura en el informe de la Comisión Nacional de Jueces Decanos, al que ha tenido acceso Europa Press, que acusa al Gobierno de intentar "silenciar" y "apartar" a los jueces del debate público sobre las reformas legislativas, un debate que es "sano, enriquecedor y propio de un Estado de Derecho moderno y no genera ningún problema".
"Dicha prohibición, es un hecho insólito y sin precedentes en la historia judicial española, y refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía, lo que va mucho más allá del mero respeto institucional que se supone es lo debía perseguir el precepto", advierte.
El CGPJ no puede permitir que se cercenen estos derechos
A su juicio, si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende un poder judicial transparente --"como ha afirmado hasta la sociedad"-- no puede permitir que "se cercene de ese modo" la libertad de información, opinión y expresión de los magistrados. Con todo, precisa que ni ellos ni las asociaciones suelen valorar resoluciones, sino más bier hacer una "labor pedagógica absolutamente necesaria".
En cuanto a la instrucción colegiada de causas complejas o macrocausas, los jueces decanos consideran que dificultará más e "impedirá la agilización" de los procesos. Frente a ello, apuestan por un "solo" juez instructor que pueda ser auxiliado por uno o dos jueces, pero siempre bajo su dirección.
"El juez de instrucción actual se ve en muchos casos desbordado por el trabajo provocado por despachos de abogados compuestos por verdaderos equipos de juristas con todos los recursos a su alcance, frente a la soledad y la precariedad de medios que todos hemos tenido la ocasión de experimentar", señala.
Los jueces decanos advierten además del "alto riesgo de influencia política" que implanta el anteproyecto legislativo al facultar al presidente del tribunal de instancia a "inmiscuirse discrecionalmente" en el trabajo de los jueces.
El anteproyecto de Gallardón suprime la centenaria figura del juez decano, elegido democráticamente entre los togados, para sustituirlo por un presidente de tribunal de instancia designado "discrecionalmente" por el CGPJ.
A este respecto, no entienden a qué se debe la "desconfianza" en que los jueces participen en la elección de sus órganos de gobierno y afean que el Ministerio señale un "cargo de confianza" del CGPJ --elegido por los grupos parlamentarios-- para reemplazarlo por el juez decano.
"La nueva estructura del tribunal de instancia permitiría perfectamente un sistema electivo de su presidente idéntico al de los Jueces Decanos, es decir, por los propios jueces", recoge el informe, que tilda de "error mayúsculo" eliminar una institución que funciona como es la de los jueces decanos.
