Para la titular de Defensa, Carme Chacón, con el proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas se "salda una deuda" con los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas son "igual de militares pero más ciudadanos". Chacón ha reconocido que es una ley "tan necesaria como compleja" y, precisamente por eso, ha insistido en sus elogios a la "voluntad de acuerdo" de la Cámara.
Los portavoces de todos los grupos políticos han coincidido en afirmar que el proyecto de ley ha "mejorado mucho" durante su paso por el Congreso, aunque han mantenido algunas de sus batallas particulares para, entre otras cosas, volver a defender la afiliación de los militares a partidos políticos o la celebración de elecciones en los cuarteles para elegir a sus representantes en el Consejo de Personal.
Los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, transcurridos más de treinta años desde su promulgación, están profundamente consolidados en nuestra sociedad. En esta ley se actualiza la regulación de su ejercicio por los miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta su condición de servidores públicos sometidos a disciplina militar, para adecuarla a esa realidad social y a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
Desde entonces, los Ejércitos han evolucionado en un proceso constante de profunda transformación y modernización y alcanzado con éxito el objetivo de su plena profesionalización. Con esta ley se da continuidad a ese proceso para actualizar el ordenamiento legislativo en la materia.
Los miembros de las Fuerzas Armadas gozan de los derechos fundamentales y libertades públicas de aplicación general a todos los ciudadanos y las limitaciones para su ejercicio deben ser proporcionadas y respetuosas con su contenido esencial. Se deben establecer con el objetivo de que las Fuerzas Armadas, manteniendo sus características de disciplina, jerarquía y unidad y el principio de neutralidad, estén en condiciones de responder a las exigencias en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional.
Cambios de última hora en el derecho de manifestación
Con el texto definitivo -que salió originalmente del Congreso y que ahora vuelve a incluirse-, se establece que los miembros de las Fuerzas Armadas "vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrán organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo".
El cambio que introdujeron los senadores, ahora eliminado, sólo establecía que los militares no podrían asistir a manifestaciones o reuniones de uniforme o portando armas "en cumplimiento de las exigencias de neutralidad propias de la condición de miembro de las Fuerzas Armadas". No mencionaba la "condición militar" ni el carácter "reivindidcativo" de las manifestaciones.
Esta regulación afecta a la Guardia Civil, ya que la Ley de contratos del sector público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad que se está tramitando en la actualidad incluye una disposición final que estipula que este artículo será también de aplicación a los miembros de la Benemérita.
La Ley crea el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Observatorio de la Vida Militar y regula la actividad de las asociaciones profesionales. Además, incluye sendos mandatos al Gobierno para que reforme el Código Penal Militar y la Ley de la Carrera Militar, punto éste último que ha constituido la mayor causa de fricción durante los debates. Finalmente, el Gobierno deberá reformar esta ley, en vigor desde 2008, previo informe de la Comisión de Defensa.
