Los máximos representantes de los procuradores en Cataluña y en toda España, magistrados y abogados coinciden en que el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales --que contempla eliminar la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura-- perjudicará a los ciudadanos, con mayores retrasos en la Justicia, entre otras consecuencias.
En el debate organizado este lunes en Barcelona por el Consejo General de Procuradores de España en colaboración con Europa Press con más de 200 asistentes, el presidente del consejo, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, ha asegurado que, si prospera el anteproyecto, sería "un verdadero desastre para la justicia española".
Estévez ha concretado que tendría tres graves consecuencias: quiebra de la tutela efectiva; mayores costes para la administración, porque este trabajo tendrá que seguir haciéndose; y un colapso de la justicia, que tendría que registrar a 140.000 abogados que también podrían hacer de procuradores.
"¿Por qué esta Ley? Europa no la ha pedido; el Ministerio de Justicia, tampoco; ninguna asociación de jueces ni fiscales... Es un empeño de la Comisión Nacional de la Competencia y no cabe otra explicación", ha añadido Estévez.
Presidente del TSJC
En parecidos términos se ha expresado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, que ha asegurado que no acaba de entender "el ejercicio simultáneo de procurador y abogado porque sus intereses no son exactamente los mismos".
"Cambiar una de las piezas en este momento provocará como mínimo un tropezón en la justicia", según Gimeno, que afirma que la Justicia no funcionará igual si desaparece la figura de los procuradores.
El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, también ha tildado este proyecto de error, porque no cree que los abogados deban restar tiempo a hacer su función para asumir también la de representación "que está bien hecha por los procuradores".
Freno a la Justicia
Para el presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena, la medida "lo que hace es frenar en seco la mejora de la Justicia española", y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, considera que lo que se debe hacer es precisamente aumentar las competencias de los procuradores.
El presidente del Consejo de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, Ignacio López Chocarro, ha considerado que la reforma "no va a causar ningún beneficio, y sí grandes perjuicios para el ciudadano".
