Esta modificación viene a completar los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, así como los de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que viene a derogar al anterior.
Entre las reformas destaca la modificación del ámbito de aplicación, por lo que, a partir de la entrada en vigor de esta modificación pasan a sujetarse a la ley y su acción tuitiva todas las relaciones contractuales de la cadena, aunque se trate de dos PYMES o no exista especial dependencia jerárquica, como hasta ahora venía exigiéndose.
También se incorpora un nuevo repertorio de prácticas que se reputan abusivas. Además de la lucha contra la pérdida de valor en la cadena y la nueva regulación de ciertas actividades promocionales, que se ha incorporado al texto de 2013 en virtud del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, se incluyen avances capitales en la limitación de los elementos que introducen distorsiones de mayor envergadura en el sistema agroalimentario.
Junto con estas modificaciones, cabe destacar los cambios incorporados al capítulo I del título II, regulador de los contratos alimentarios. Se trata de una serie de cambios derivados de la experiencia, como la necesaria clarificación de la obvia necesidad de que los contratos figuren firmados como signo de manifestación externa de la voluntad de las partes.
Asimismo, se modifica la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la finalidad de adecuar su régimen jurídico a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Vigencia
La presente norma ha entrado en vigor el 16 de diciembre de 2021. No obstante, La obligación de inscripción de contratos alimentarios prevista en el artículo 11 bis entrará en vigor en el momento en que el registro esté plenamente operativo, conforme a su norma de desarrollo. Asimismo, las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el art. 8.1, para las cooperativas u otras entidades asociativas entrarán en vigor el 15 de junio de 2022.
