Bajo el lema La Justicia es una cuestión de Estado, han sido miles de profesionales los que de una punta a otra del país han secundado a las 12 del mediodía el llamamiento hecho por los 83 Colegios de la Abogacía. El objetivo, visibilizar el malestar de la profesión por la situación de la Administración de Justicia, que se ha agravado tras varios meses de huelga, -primero de los letrados de la Administración de Justicia, y ahora de los funcionarios judiciales-, paralizando prácticamente los juzgados y tribunales y causando la suspensión de decenas de miles de vistas y procedimientos.
De A Coruña hasta Santa Cruz de Tenerife, pasando, entre otros muchos sitios, por Oviedo, Ceuta, Lorca, Valencia, Algeciras, Sevilla, Valladolid o Bilbao, vestidos de toga en muchos casos, miles de abogados y abogadas se han concentrado a mediodía ante las principales sedes judiciales de su provincia exigiendo una solución que les permita normalizar su actividad profesional y dar con ello respuesta al derecho de la ciudadanía a obtener de los poderes públicos una tutela judicial efectiva.
Al final de las concentraciones se leyó un Manifiesto en el que se lamentó que “se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027”. También se señaló en el Manifiesto que “la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar”.
Pero la protesta no está solo dirigida contra la situación coyuntural que viven juzgados y tribunales, sino que va mucho más allá para reclamar una reforma decidida y en profundidad de este servicio público esencial. “Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La inmediata solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado”, afirma el Manifiesto en el que se exige a los partidos políticos que alcancen un Pacto por la Justicia tras las elecciones del 23 de julio.
La movilización se decidió en la sesión plenaria del Consejo General de la Abogacía el pasado 16 de junio, en la que se acordó el inicio de una serie de acciones para que se alcance un acuerdo que permita recuperar la normalidad y afrontar cambios radicales para modernizar su funcionamiento.
