"Tenemos obligación de legislar para corregir lo que ya es fuente del derecho europeo", ha resaltado la ministra, tras afirmar que respeta las declaraciones de algunos representantes de la CEOE, pero no las comparte y son "absolutamente minoritarias".
Así lo ha señalado la ministra en un encuentro con los medios después de la reunión que ha mantenido con representantes de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) y tras preguntarle por las declaraciones del presidente de la patronal catalana Foment del Treball y vicepresidente de la CEOE, Josep Sánchez Llibre, que ha mostrado su oposición a la derogación de este artículo y ha señalado que luchará para intentar evitarlo.
En la misma línea, el también vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, acusó ayer al Gobierno de generar "alarma social" con la derogación del despido por baja justificada e insistió en que "ningún empresario está despidiendo por enfermedad".
La ministra de Trabajo anunció este miércoles que la derogación del artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana.
Sobre el encuentro que ha mantenido con CEPES, Díaz ha resaltado que la economía social es una herramienta "magnífica" para crear empleo y que este sea de calidad. Así, ha recordado que hablar de economía social en España es hablar del 10% del PIB y de 42.000 empresas y de muchas comunidades que desarrollan parte sustancial de su vida y de su economía en el entorno de la economía social, pero también es hablar de "miles de puestos de trabajo, basados en la calidad, la inclusión y la cohesión social".
La ministra ha asegurado que la economía social sirve para cohesionar socialmente España y es de "gran relevancia", pero ha valorado la supervivencia del sector cuando "azotó la crisis financiera". "Vamos a trabajar para que España lidere la economía social", ha apostillado Díaz, tras afirmar que va a colaborar con las organizaciones de la economía social "desde ahora mismo".
Por su parte, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha asegurado que el empleo inclusivo reduce los niveles de desigualdad, la brecha salarial y permite una mayor introducción de la mujer en el ámbito directivo, pero que también contribuye al reto demográfico.
"Vamos a hacer propuestas de medidas estatales y también autonómicas para que se facilite que las empresas se instalen en los pueblos con una serie de ventajas de cualquier tipo para que se puedan mantener los puestos de trabajo y la economía de este tipo", ha apostillado.
