El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, les ha informado, durante una reunión por videoconferencia, de los planes del Ejecutivo para la reactivación de la Justicia tras la crisis del COVID-19 y les ha invitado a hacer llegar al ministerio sus propuestas normativas, organizativas y tecnológicas para estudiar su inclusión en la hoja de ruta para afrontar la salida de la crisis del COVID-19 consensuada con las distintas administraciones y organismos competentes en Justicia y los representantes de los distintos colectivos.
Durante la reunión, Campo ha expuesto a las asociaciones que el objetivo general perseguido por esta estrategia debe ser doble. Por un lado, garantizar la salud de todos los funcionarios y profesionales que prestan sus servicios en juzgados y tribunales, así como de los ciudadanos que cada día deben acudir a ellos mediante la distribución de las medidas de protección necesarias para evitar nuevos contagios. Por otro, garantizar que la Justicia, como elemento fundamental para la dinamización y la recuperación económica tras el confinamiento, no se pare.
Campo ha enumerado los tres instrumentos a través de los cuáles se articulará la transición a la normalidad en los órganos judiciales y que ya fueron consensuados en la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia -en la que participan el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Consejo General de la Abogacía y las comunidades autónomas competentes en la materia-. De un lado un Decreto-ley para las medidas más urgentes tras el Estado de Alarma, al que se sumará una Ley centrada en la transformación digital para mejorar la eficiencia de los procesos judiciales.
Por último, el ministro ha recordado que, en un plazo no superior a dos semanas tras el levantamiento del estado de alarma, el Consejo de Ministros debe aprobar planes de choque para las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa, así como para los juzgados de lo Mercantil, los ámbitos en los que se espera una mayor afluencia de asuntos.
Además del ministro, en la reunión ha estado presente el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Borja Vargues, y la directora general para el Servicio Público de la Justicia, Concepción López-Yuste. Los representantes de las asociaciones han sido Cristina Dexeus (AF), Teresa Peramato (UPF) y Salvador Viada (APIF). Tras exponer verbalmente sus principales aportaciones, todos ellos se han comprometido a hacerlas llegar por escrito al ministerio.
