“Queremos que los abogados conozcan y cumplan la normativa. Pero necesitamos un órgano centralizado de prevención de blanqueo, que otorgaría una colaboración entre supervisor regulador y abogados, con un protocolo común de actuación y una armonización de detección de conductas sospechosas”, afirmó.
“Esto ayudaría a difundir la cultura de la prevención del blanqueo y facilitaría el trabajo en tres áreas: el análisis, la supervisión y la formación en la materia”, recordó en la inauguración de este Congreso organizado por el Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero y celebrado hoy en la sede de la Abogacía Española.
Además, Pellón ha insistido en que la creación de este órgano centralizado supondría un ahorro sustancial de costes para los abogados y otorgaría una mayor seguridad jurídica: “La abogacía se ejerce en pequeños despachos donde el cumplimiento de las obligaciones es dificultoso. A esto le añadimos que la normativa no goza de alto estándar de seguridad jurídica y su interpretación es compleja”.
En la jornada participó también Nielson Sánchez-Stewart, anterior presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española, que habló sobre el “secreto profesional y la obligación de comunicar”.
“El límite entre la obligación de guardar secreto profesional y la obligación de comunicar está en el tiempo en el que se establece en el asesoramiento. Si el asesoramiento es anterior a la operación constitutiva de blanqueo, decae el secreto profesional y prima comunicar. Si es posterior, entonces se debía guardar el secreto profesional de esa operación constitutiva de blanqueo”, ha afirmado Sánchez-Stewart.
Posteriormente intervino Pedro Ángel Morón, director del Centro de Formación en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que analizó la “incidencia de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo en la vida cotidiana”.
“La lucha contra el blanqueo de dinero con tarjetas de prepago, monedas virtuales y criptoactivos en la Unión Europea desde las directivas de 2018 hasta los reglamentos de 2023” fue el tema abordado por Miguel Abel Souto, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela.
Emanuele Fisicaro, profesor en Derecho penal comercial, por último, trató el “establecimiento de una Autoridad Europea para combatir y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo contenido en una propuesta de Reglamento incluida en el “Paquete AML”.
