"No tenemos intención de retrasar más las grandes transformaciones ecológicas de nuestra economía. En pocos días o semanas recibirán la Ley de Cambio Climático y Transición Energética", aseguró la ministra.
En este sentido, Ribera destacó que espera que sea "una buena base" para el desarrollo de la tarea de los diputados y de la "búsqueda de consenso" en torno a la recuperación económica.
El proyecto normativo, que fue presentado en febrero de 2019, llegará a las Cortes para iniciar su tramitación después de su paso de por las conferencias sectoriales de energía y de medio ambiente, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de que el Consejo de Estado emita su informe.
El texto que se enviará a las Cortes, según señaló Ribera el pasado mes de febrero en declaraciones a los medios antes de iniciar una reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, incluirá dentro de las "obligaciones de la ley" el establecimiento de zonas de bajas emisiones en las ciudades y pueblos de más de 50.000 habitantes, que para la ministra son "fundamentales por razones de salud pública, ruido y ocupación del espacio público".
"Son señales que nos permiten acomodarnos a un modelo de movilidad interior mucho más sana, mucho más saludable, mucho más amistosa, más agradable para los vecinos cuando existen alternativas en la mayor parte de las ciudades. Es algo que queremos fortalecer, endurecer", manifestó.
El anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2019 contemplaba la descarbonización al 100% de la economía española en 2050, con el objetivo de "facilitar y orientar" la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.
La norma plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20 por ciento (%) las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos un 35%.
