Mediante un despliegue de seis líneas de acción, el plan concreta medidas eficaces para dar respuesta los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Prevención y apoyo al desarrollo infantil en entornos familiares y comunitarios saludables. Para lograr este objetivo se destacan acciones como reconocer la atención temprana como un derecho subjetivo, la constitución de un Sistema Estatal de Atención Temprana, o la puesta en marcha de programas de detección precoz de deficiencias.
- Igualdad y no discriminación, accesibilidad universal y participación en el acceso a los servicios y programas de salud y sociales, con especial consideración a las mujeres y niñas con discapacidad. Para lograrlo se deberán incorporar medidas de accesibilidad y de apoyo en las normativas y planes estatales para que las personas con discapacidad decidan en cuestiones de su salud, sobre la base del consentimiento informado, poniendo especial atención a la salud ginecológica y obstétrica de las mujeres. Será necesario también promover el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, aprobar salvaguardas legales para que los mismos queden garantizados, declarar las esterilizaciones y los abortos coercitivos como violencias contra las mujeres, así como incorporar cambios normativos para que la teleasistencia sea universalmente accesible.
- Promoción de la salud y prevención de enfermedades y otros factores causantes de discapacidad. Aquí se detallan acciones como la ya aprobada modificación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. También, se contribuye a que se despliegue la Estrategia Nacional de Salud Mental y el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19, así como la puesta en marcha de un teléfono público de prevención del suicidio universalmente accesible o el etiquetado accesible para todas las personas en los productos alimentarios.
- Promoción del envejecimiento saludable a lo largo de toda la vida. Se deberá incluir la situación de la discapacidad en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Soledad no Deseada y se trabajará para aprobar criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia centrados en la persona. Se investigarán y adoptarán también medidas para prevenir y erradicar las violencias en cualquiera de sus formas contra las personas mayores con deficiencias adquiridas asociadas a la edad y, en especial, contra las mujeres mayores.
- Prevención de la intensificación de discapacidades en concordancia con los principios y derechos reconocidos por la Convención. Las medidas van orientadas a desarrollar una estrategia estatal de desinstitucionalización y apoyo a la vida independiente y ofrecer modelos de viviendas accesibles y comunitarios. También se trabajará en el desarrollo de la prestación de asistencia personal aprobando una regulación estatal con criterios unificados, desde la personalización y flexibilización para facilitar la vida independiente en la comunidad y se pondrán en marcha actuaciones en materia de cuidados de larga duración para personas con grandes necesidades de apoyo, con especial atención a las enfermedades degenerativas.
- Investigación, formación y toma de conciencia. Para lograr este objetivo se promoverá una línea de investigación e innovación sobre accesibilidad universal y diseño para todas las personas en productos y tecnologías de apoyo en el ámbito de la salud, con especial foco en la dimensión digital y que se aplicará a través del Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) y del Instituto de Salud Carlos III. Del mismo modo, se impulsará una investigación sobre la situación de las personas con discapacidades orgánicas y psicosociales que permitan visibilizarlas; se promoverán estudios acerca de la sobremedicación y tratamientos involuntarios en personas con discapacidad; y formará a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, del poder judicial, y de los servicios de atención sanitaria y servicios sociales, sobre prevención y detección de violencias hacia las personas con discapacidad, en especial hacia las niñas y las mujeres.
