La sesión comenzará el martes, 22 de septiembre, a las 15:00 horas, con el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Junts per Catalunya presenta esta iniciativa con el fin "de regular de forma expresa, clara y concisa las infracciones y las sanciones que se derivan en relación al incumplimiento de los plazos de pago, las condiciones de pago y en general todo lo relativo a las obligaciones de pago enmarcadas en el marco contractual de la ley, que perjudiquen la posición del acreedor de la deuda".
A continuación, se debatirá la toma en consideración de la ya citada Proposición de Ley Orgánica de modificación del Poder Judicial con la que también se busca, entre otros aspectos, reforzar la objetivación de los criterios de mérito y capacidad en la elección de los ocho vocales del CGPJ restantes; exigir que su presidente, al ser simultáneamente presidente del Tribunal Supremo, cuente con al menos cinco años de antigüedad en el Alto Tribunal, e imponer a jueces y magistrados una limitación al reingreso en la carrera judicial, "por un tiempo mínimo de dos años, así como la prohibición de incorporación a Juzgados y Tribunales donde se instruyan o conozcan causas judiciales en las que sean partes investigadas o enjuiciadas miembros de partidos políticos con los que se estuviera o hubiera estado vinculado".
Proposiciones no de Ley
La sesión plenaria proseguirá con el debate de dos Proposiciones no de Ley. La primera de ellas relativa a la regularización exprés de personas inmigrantes en los ámbitos sanitario, de los cuidados y agrario, por la que insta al Gobierno, entre otras cuestiones, a reconocer provisionalmente, mediante una declaración de responsabilidad, los títulos de aquellas personas con residencia en el Estado español de algunos grados y ciclos formativos superiores en ámbito sanitario y de asistencia social; y a facilitar el proceso de autorización de residencia y trabajo de profesionales de la medicina y enfermería con experiencia en cuidados intensivos procedentes de países que hayan superado la crisis del COVID-19.
La segunda Proposición no de Ley a debate versa sobre un Plan Fiscal COVID-19, o impuestos de solidaridad cívica para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. En ella se solicita que el Gobierno ponga en marcha una reforma fiscal de solidaridad cívica para contribuir a financiar la reconstrucción de la economía española que incluya, entre otras medidas de ingresos: la revisión del impuesto del Patrimonio; suprimir los beneficios fiscales a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades que no tengan finalidad social o ambiental; agilizar la puesta en marcha del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y reforzar la lucha contra el fraude fiscal aumentando los recursos humanos de la Agencia Tributaria.
En último lugar se debatirán las mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes de la última Sesión de Control al Gobierno y que los grupos parlamentarios registren.
