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ECONOMÍA

El Pleno rechaza las enmiendas a la propuesta de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Noticia

La finalidad de esta proposición de ley, cuyo trámite parlamentario se inició el pasado 25 de febrero al superar el debate de toma en consideración, es volver a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2007 para que el Congreso tenga la última palabra en la votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

Consultas al Congreso

El grupo proponente argumenta que la legislación vigente, "al imponer un proceso que no respeta la posición atribuida por nuestra Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado, abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España". Con esta modificación se pretende corregir "esta situación de anormalidad normativa actual" que "es más propia de un modelo de bicameralismo perfecto, que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución".

Asimismo, mediante esta reforma, argumenta el grupo proponente, "se busca la coherencia entre la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado".

Con el rechazo de estas enmiendas a la totalidad con texto alternativo, la Proposición de Ley continúa con su tramitación parlamentaria, que sigue con el debate en Comisión de las enmiendas al articulado. El dictamen, con las modificaciones que, en su caso, se incluyan, será remitido al Senado.

Enmiendas de totalidad

El Grupo Parlamentario Vox expone en su enmienda de totalidad con texto alternativo que, si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por la Cámara Baja, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos "se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría absoluta", en lugar de mayoría simple.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular propone que "si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento". De esta forma, defienden que "el Senado, como Cámara de representación territorial, debe tener capacidad para decidir sobre los temas que les incumben de forma excepcional".