En el mes de octubre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de presupuestos generales de 2022. Unos presupuestos, que contemplan 26.355 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El 28 de diciembre, ha sido la fecha en la que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, y a la que se ha incorporado los fondos procedentes de la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación, dentro del instrumento excepcional de recuperación Next Generation EU, para la realización de reformas e inversiones sostenibles y favorables al crecimiento.
Las cuentas públicas aprobadas para el próximo año están focalizadas sobre diferentes ámbitos, como son la retribución del personal de las administraciones públicas y el aumento de los puestos en la Función Pública; así como un aumento de la partida para comercio, turismo y pymes. En cuanto a economía social, el Gobierno, alienando los presupuestos a la Agenda 2030, destina parte de la dotación a políticas para la lucha contra la brecha salarial, el pago del Ingreso Mínimo Vital, la prevención de la violencia de género, y la protección a la infancia.
Ley de Presupuestos Generales 2022: Aspectos a destacar
El Título I aprueba la totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público estatal y se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado.
El Título II, estructurado en tres capítulos, regula en su Capítulo primero, la gestión de los presupuestos docentes. También, en el segundo se recogen competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. El Capítulo III establece el porcentaje de participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la recaudación bruta obtenida en 2021 derivada de su actividad propia, fijándose dicho porcentaje en un 5 por ciento.
En el Título III se recogen los gastos de personal, que experimentarán un crecimiento del 2 por ciento respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2021, así como la tasa de reposición, que será de 120, y de 125% en el caso de las Fuerzas de Seguridad, en la oferta de empleo público.
El Título IV trata sobre las pensiones públicas. No se fija el porcentaje de incremento sino que se establece el procedimiento para su determinación. De este modo, las pensiones experimentarán un incremento porcentual igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los doce meses previos a diciembre de 2021. No obstante lo anterior, se establece un incremento del 3 por cien respecto de las pensiones no contributivas.
El Título V, «De las Operaciones Financieras», se estructura en tres capítulos, relativos, respectivamente, a deuda pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial. El importe máximo de los avales a otorgar por el Consejo de Ministros no podrá exceder de 500.000 miles de euros.
En el Título VI se recogen los cambios en el ámbito tributario, destacando los siguientes en los diferentes impuestos:
IRPF
Se minora el límite general de reducción aplicable en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, si bien se prevé que dicho límite pueda incrementarse no solo mediante la realización de contribuciones empresariales, como ya sucede, sino también mediante aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social siempre que estas aportaciones sean de igual o inferior importe a la respectiva contribución empresarial.
Respecto a lo anteriormente citado, los PGE contemplan una reducción de 500 euros en la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF. Y las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción subirán 500 euros.
Se prorrogan para el período impositivo 2022 los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF, el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.
IVA
Se prorroga para el período impositivo 2022 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Impuesto sobre Sociedades
Se establece una tributación mínima del 15 por ciento de la base imponible para aquellos contribuyentes del Impuesto con un importe neto de la cifra de negocios igual o superior a veinte millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, en este caso, cualquiera que sea el importe de su cifra de negocios.
El tipo de tributación mínima será del 10 en las entidades de nueva creación, cuyo tipo es del 15 por ciento, y del 18 por ciento para las entidades de crédito y de exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos cuyo tipo general es del 30 por ciento.
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
La medida de tributación mínima en el Impuesto de Sociedades tiene su correlato en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente.
Impuesto de Actividades Económicas
Se crea un nuevo grupo en la sección segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, con el fin de clasificar de forma específica la actividad ejercida por periodistas y otros profesionales de la información y la comunicación, que hasta la fecha carece de tal clasificación.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Se actualiza en un 1 por ciento la escala de gravamen de los títulos y grandezas nobiliarios
Tasas públicas
Se eleva en un 1 por ciento el importe a exigir por las de cuantía fija, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2021, al objeto de adecuar aquel al aumento de costes de la prestación o realización de los servicios o actividades por los que se exigen.
Presupuestos Generales del Estado 2022: Entidades Locales y CCAA
El Título VII se estructura en dos capítulos, dedicados respectivamente, a Entidades Locales y Comunidades Autónomas.
En 2020 se ha debido proceder a la revisión, de periodicidad cuatrienal, del ámbito subjetivo de aplicación de los modelos de participación en tributos del Estado aplicables a los municipios. No obstante, al haberse aplicado en las entregas a cuenta de aquel año dichos modelos a los mismos ámbitos subjetivos, se mantiene, excepcionalmente, ese mismo criterio, por lo que aquella revisión tendrá incidencia en los años 2021 a 2023.
También se recoge la regulación de los regímenes especiales de participación de Ceuta y Melilla, de las entidades locales de las Islas Canarias, así como al relativo a las entidades locales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra.
Cotizaciones sociales en los PGE
El Título VIII, bajo la rúbrica «Cotizaciones Sociales», contiene la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a su actualización.
Consta de tres artículos relativos, respectivamente, a «Bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2022» y «Cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios para el año 2022» y «Cotización a derechos pasivos».
La ley de PGE 2022 y las modificaciones legales
En sus disposiciones finales la Ley recoge las modificaciones realizadas a varias normas legales:
- Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril,
- Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social;
- Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social;
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones;
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; del
- Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; de la
- Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal;
- Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007;
- Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre;
- Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo;
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social;
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad;
- Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia;
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre;
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014;
- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021;
- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
La entrada en vigor de esta ley, tras su publicación en el BOE, será en enero de 2022.
