Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al año 2022 y a su último trimestre.
El repositorio, que fue presentado en enero de 2017, es de acceso público en la web del Poder Judicial y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores (acusados y/o procesados, procedimientos, sentencias dictadas, sentido del fallo, etc.), que se actualizan cada tres meses.
Los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).
Del total de los 38 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2022, 17 corresponden al cuarto trimestre del año.
En cuanto a las personas acusadas en este tipo de procedimientos, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 96 de ellas en el último trimestre del año pasado. Del total de ese periodo, el número de personas jurídicas fue de 23.
El fallo, total o parcialmente condenatorio en 7 de cada 10 sentencias
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 61 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 45 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 16 sentencias restantes, el 26,2 por ciento del total, eran absolutorias.
La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
