1. Hechos.
La petición de decisión prejudicial fue presentada en el marco de dos litigios sustanciados entre TOP Logistics BV y Van Caem International BV por un lado, y Bacardi por otro, en relación con productos elaborados por Bacardi.
En año 2006 a instancias de Van Caem (una empresa dedicada al sector del comercio internacional de productos de marca) se transportaron varias partidas de productos elaborados por Bacardi a los Países Bajos desde un tercer Estado y se depositaron, posteriormente, en las instalaciones de Top Logistics (compañía dedicada a la prestación de servicios de depósito y transbordo de mercancías) en el Puerto de Róterdam.
La totalidad de la mercancía fue incluida inicialmente en un régimen de tránsito externo o depósito. Posteriormente, una parte de dichas mercancías fue objeto de despacho a libre práctica y con inclusión ulterior en el régimen suspensivo de impuestos especiales, por tanto, dichas mercancías salieron del régimen aduanero suspensivo y pasaron a depósito fiscal.
Bacardi, alegando la vulneración de sus derechos de marca, promovió ante un Tribunal de Róterdam el decomiso de las mercancías alegando, por un lado, que no había prestado su consentimiento para su introducción en el EEE y, por otro, que se habían borrado los códigos de producto de las botellas que componían las partidas afectadas.
El Tribunal de Róterdam en 2008 declaró la vulneración de los derechos de marca de Bacardi pero Top Logistics recurrió al Tribunal de Apelación de La Haya donde también se admitió la intervención en el procedimiento de la compañía Van Caem.
El Tribunal de Apelación declaró en 2012 que las mercancías que estuvieron en régimen de tránsito externo o depósito no vulneraron los derechos de marca de Bacardi, pero dicho Tribunal planteó la cuestión prejudicial respecto a las mercancías que se despacharon a libre práctica y posteriormente a régimen de impuestos especiales, ya que, aunque dichas mercancías adquirieron el estatuto de mercancías comunitarias, el Tribunal tenía dudas sobre si se podía deducir que con la inclusión en ese régimen aduanero se producía un uso en el tráfico económico que pudiera ser prohibido por el titular de la marca por el menoscabo en las funciones de la misma, todo ello en el sentido recogido en el art. 5 de la Directiva 89/104.
2. Pronunciamientos.
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del mencionado artículo 5 de la Directiva 89/104/CE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 que fue la primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y que precisamente estaba en vigor en el momento en el que se produjeron los hechos, aunque posteriormente fue sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de octubre de 2008
El mencionado artículo se refiere al derecho exclusivo del titular de la marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a la marca que pudiera implicar por parte del público un riesgo de confusión, específicamente, las acciones de importar, poner a la venta, comercializar o conservar los productos a tales fines sin su consentimiento.
El TJ indica en su sentencia que las mercancías al ser despachadas a libre práctica liquidaron los derechos de importación correspondientes y, por tanto, a partir de ese momento pasaron a ser mercancías importadas según se recoge en artículo 5 de la Directiva 92/12 de 25 de febrero de 1992 relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (ahora sustituida por la Directiva 2008/118/CE de 16 de diciembre de 2008).
Es opinión del TJ que el titular de la marca no está obligado a esperar a que las mercancías designadas con su marca sean puestas a consumo para poder oponerse a determinados actos realizados sin su consentimiento antes de tal puesta en consumo (concretamente, la importación de mercancías y su almacenamiento con fines comerciales).
La sentencia recoge que los términos “uso” y “en el tráfico económico” (en relación al art. 5 de la Directiva 89/104/CE) no pueden interpretarse solo en el sentido de relaciones directas entre un comerciante y un consumidor, sino que deben tenerse en cuenta las comunicaciones comerciales y la propia actividad comercial con ánimo de lucro.
Por todo lo anterior, el TJ mantiene que la compañía Van Caem efectuó un uso de la marca BACARDI en el tráfico económico al importar los productos sin consentimiento del titular de la marca. También efectuó uso con la inclusión de dichos productos en el régimen suspensivo de impuestos especiales y su almacenamiento en un depósito fiscal.
No obstante, el TJ indica que no puede deducirse que con la prestación de servicios de almacenaje de la compañía Top Logistics se esté produciendo un uso, sino simplemente, su actuación permite a Van Caem el mencionado uso.
Por último, el TJ indica que la función esencial de indicación del origen sirve para identificar el producto o servicio designado por la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada que corresponde a la empresa bajo cuyo control se comercializa dicho producto.
Por tanto, todo acto de un tercero que impida al titular de una marca ejercer su derecho a controlar la primera comercialización de productos, menoscaba la citada función esencial de la marca.
3. Comentario.
El TJ está de acuerdo con el Tribunal de Apelación de La Haya en la sentencia de apelación que se dictó en el asunto, de que la inclusión de la mercancía en un régimen suspensivo de tránsito externo o depósito, no vulnera por sí mismo el derecho exclusivo del titular de la marca tal y como indicó la sentencia de Philips y Nokia (C-446/09 y C-495/09), ya que para ello tienen que existir además actos comerciales o publicidad dirigidos a los consumidores de la UE. No haciendo ninguna distinción entre productos falsos o genuinos (llamada “importación paralela”).
Distinta apreciación se encuentra en las mercancías que son despachadas a libre práctica que ya no se encuentran en situación de régimen aduanero suspensivo y, por tanto, a todos los efectos son consideradas mercancías comunitarias, aunque las mismas pudieran no ir dirigidas a consumidores de la Unión porque vayan a ser objeto, por ejemplo, de una exportación posterior.
Asimismo, aunque la sentencia del TJ no hace mención expresa, el borrado de códigos de las mercancías supone por parte de Van Caem un menoscabo claro de la indicación del origen empresarial, ya que con dicha actuación se pretende la eliminación de rastros que impidan al titular de la marca acreditar el origen de los productos.
Con esta sentencia queda aún más claro el derecho de los titulares de marca registrada al control de la primera comercialización de sus productos originales tras el despacho a libre práctica de la mercancía, efectuada por tercero.
(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2015, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Documento citado:
- Primera Directiva del Consejo , de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas.
- Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE.
- Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales.
- Sentencia Tribunal de Justicia (UE) Sala 1ª, S 1-12-2011, nº C-495/2009
ENGLISH VERSION
Products bearing a trademark released for free circulation and placed under the duty suspension arrangement without the consent of the trademark holder. The trademark holder’s right to oppose that placing. Judgment of the Court of Justice of 16 July 2015, Bacardi (C-379/14).
1. Background.
The request for a preliminary ruling was made within the context of two sets of legal proceedings involving TOP Logistics BV, Van Caem International BV and Barcardi, concerning goods produced by Bacardi.
In 2006, at the request of Van Caem (a company active in the international trade in branded goods), several consignments produced by Bacardi were transported to the Netherlands from a third State and stored in the facilities of TOP Logistics (a company active in the storage and transhipment of goods) in the port of Rotterdam.
All of the goods were initially placed under an arrangement for external transit or customs warehousing. Subsequently, some of the goods were released for free circulation and placed under the duty suspension arrangement. Accordingly, those goods left the customs suspension arrangement and were placed in a tax warehouse.
Bacardi considered that its trademark rights had been infringed and applied to a court in Rotterdam for an order to confiscate the goods on the grounds that it had not consented to the introduction of the goods into the EEA and that the product codes had been removed from the bottles in the consignments concerned.
In 2008, the Rotterdam court held that Bacardi’s trademark rights had been infringed. However, TOP Logistics appealed that decision in The Hague Court of Appeal, which also granted Van Caem leave to intervene in the appeal proceedings.
In 2012, the Appeal Court ruled that the goods that had been placed under the arrangement for external transit or customs warehousing did not infringe Bacardi’s trademark rights. It nevertheless requested a preliminary ruling with regard to the goods that had been released for free circulation and then placed under the duty suspension arrangement, since although those goods had become Community goods, the court was uncertain as to whether the placing of the goods under that customs arrangement meant that the sign was being used in the course of trade, which could be prohibited by the trademark holder on the grounds that such use adversely affected the functions of the trademark pursuant to Art. 5 of Directive 89/104.
2. Findings.
The request for a preliminary ruling concerns the interpretation of the aforementioned Art. 5 of Directive 89/104/EC of the Council of 21 December 1988, which was the first Directive to approximate the laws of the Member States relating to trademarks and was in force at the time of the events in question, although it was later replaced by Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008.
The aforementioned Article refers to the exclusive right of the trademark holder to prevent any third party from using in the course of trade any sign identical or similar to the trademark which could give rise to a likelihood of confusion among consumers, specifically, by importing the goods, offering them, putting them on the market or stocking them for those purposes without the rightholder’s consent.
The CJ indicated in its judgment that the release of the goods for free circulation gave rise to the payment of import duties, and so as of that point they became imported goods within the meaning of Art. 5 of Directive 92/12 of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products (now replaced by Directive 2008/118/EC of 16 December 2008).
In the CJ’s view, the trademark holder is not obliged to wait for the release for consumption of the goods covered by its trademark to oppose certain acts committed without its consent before that release for consumption (specifically, the importation of the goods concerned and their storage for the purpose of putting them on the market).
The judgment states that the terms “using” and “in the course of trade” (within the meaning of Art. 5 of Directive 89/104/EC) cannot be interpreted as referring only to immediate relationships between a trader and a consumer; account must also be taken of commercial communications and the commercial activities carried out with a view to economic advantage.
In light of all of the above, the CJ found that Van Caem made use of the BACARDI mark in trade by importing the goods without the trademark holder’s consent. It also used the mark by placing those goods under the duty suspension arrangement and storing them in a tax warehouse.
The Court nevertheless pointed out that use could not be inferred from the storage services provided by TOP Logistics; rather, that company’s actions merely permitted Van Caem to carry out such use.
Lastly, the CJ indicated that the essential function of the indication of origin serves to identify the goods or services covered by the mark as originating from a particular undertaking, which is the company under whose control the goods or services are marketed.
Therefore, any third-party act that prevents the trademark holder from exercising its right to control the first placing of the goods on the market undermines that essential trademark function.
3. Remarks.
The CJ agrees with The Hague Court of Appeal’s ruling insofar as placing goods under a customs suspension arrangement for external transit or customs warehousing does not in itself infringe the trademark holder’s exclusive rights, as indicated in the Philips and Nokia judgment (C-446/09 and C-495/09), since for that to occur there would also have to be commercial activity or advertising targeting EU consumers. No distinction is drawn between counterfeit and genuine goods (“parallel imports”).
A different assessment is made with respect to goods that are released for free circulation, which are no longer subject to a suspensive customs arrangement and so are considered as Community goods for all effects and purposes, even if they are not directed at EU consumers, but will be subsequently exported, for instance.
Despite not being explicitly mentioned in the CJ’s judgment, the fact that Van Caem removed the codes from the goods clearly undermines the business origin identification function, since by doing so, it sought to prevent the origin of the goods from being demonstrated.
This judgment further clarifies the right of registered trademark holders to control the initial marketing of genuine products bearing their mark following the release of the goods for free circulation carried out by a third party.
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