Esta ley fue previamente validada en diciembre de 2022, pero quedó sin efecto debido a la convocatoria de elecciones generales. El objetivo es lograr una movilidad sostenible y enfrentar los desafíos del siglo XXI, como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.
La norma regulará soluciones innovadoras como el transporte bajo demanda, el uso compartido de vehículos, el alquiler temporal de vehículos y la regulación básica de los vehículos autónomos, al mismo tiempo que promoverá la digitalización y la divulgación de datos abiertos.
La ley se basa en cuatro pilares fundamentales: un derecho social, una movilidad limpia y saludable, un sistema digital e innovador y una mejora en la inversión al servicio de los ciudadanos. Se reconoce la movilidad como un derecho de todos los ciudadanos y se promueve una movilidad accesible e inclusiva, así como también soluciones sostenibles como la movilidad activa y el transporte público. También se busca promover la digitalización y compartir datos para mejorar la toma de decisiones. La ley también contempla la creación de un sistema nacional de movilidad sostenible y la aportación financiera del Estado para la movilidad en zonas urbanas.
Además, se incorpora la Negociación Colectiva Verde al ordenamiento jurídico, lo que ofrecerá un nuevo campo para el desarrollo de la negociación colectiva.
Todas las empresas, incluidas las del sector público, deberán contar con planes de movilidad sostenible en un plazo máximo de 24 meses desde la entrada en vigor de la ley. Para garantizar la negociación de estos planes, se ha modificado el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores. También se establecen criterios para determinar qué centros de actividad deben contar con planes de movilidad sostenible.
Esta ley es parte del Plan de Recuperación de España y tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de los acuerdos internacionales y las estrategias europeas en materia de sostenibilidad y movilidad.
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