Este incremento retributivo, que tendrá un coste de 791 millones de euros según los cálculos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, supondrá un incremento medio en la nómina anual de los empleados públicos de 180 euros.
Esta subida adicional hasta un máximo del 0,5% responde al acuerdo firmado por el Gobierno con CCOO y UGT que vinculaba esta aumento salarial a la evolución de la tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de septiembre, que se situó en el 3,2%.
Dicho acuerdo con los sindicatos establecía que las nóminas de los empleados públicos se elevarían en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, del 0,5% cada una. La primera se aplicaría si el IPCA de 2022 y 2023 --hasta septiembre, según el dato adelantado-- superaba el 6% y la segunda variable del 0,5% operaría si el PIB nominal en 2023 superaba el previsto por el Gobierno (2,1%).
La resolución publicada este jueves por el BOE señala que la primera subida variable ha de ejecutarse al haber superado el IPCA de 2022 y el IPCA adelantado hasta septiembre de este año el 6% de la suma de los incrementos retributivos fijos de 2022 y 2023.
Esta subida adicional beneficiará a cerca de 3,5 millones de personas que trabajan para las Administraciones Públicas. La mayoría de ellas lo hacen para las comunidades autónomas, que ocupan a casi el 60% de todo el personal que trabaja para el Estado. A estas le siguen por número de personal las entidades locales y la Administración Central.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, explicó el pasado martes que esta subida adicional máxima del 0,5% será automática para aquellos empleados con condición de funcionarios.
"En las empresas públicas y sector público ese incremento también opera, pero se sujeta también al convenio y, por tanto, a la interlocución sindical con la representación legítima que tenga cada ente instrumental", indicó.
Otra subida adicional del 0,5%
Montero reiteró además el compromiso del Gobierno de cumplir con la otra subida adicional del 0,5% vinculada al PIB cuando llegue el momento.
"Esa será otra variable que se podrá analizar en el mes de febrero y que completará ese 3,5% de subida a más de tres millones y medio de empleados públicos, que se irá completando a lo largo de los próximos meses, dando cumplimiento al acuerdo que se llevó a cabo con el conjunto de organizaciones sindicales", señaló al respecto.
En concreto, el acuerdo con los sindicatos contempla que, en 2023, si el incremento del PIB nominal es igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (2,1%), se aplicará otra una subida complementaria de un 0,5%.
Este posible incremento complementario del año 2023, de carácter consolidable, tendría efectos también desde el 1 de enero de 2023 y es muy probable que se produzca, ya que el propio Gobierno ha adelantado que el PIB crecerá por encima de la estimación oficial (2,1%), como así corroboran organismos nacionales e internacionales que han revisado al alza sus estimaciones, en la mayoría de los casos por encima del 2,1% previsto.
La senda de mejoras retributivas para los empleados públicos culminará en el año 2024, para el que el acuerdo firmado con CCOO y UGT contempla una actualización de las retribuciones del 2% de manera fija y un 0,5% opcional que estará vinculado al IPCA, como lo establecido para 2023.
Para entonces, según cálculos de Hacienda, el alza total en el periodo 2022-2024 habrá superado el 8%, pudiendo alcanzar el 9,5% en esos años, en función de las variables contempladas en las cláusulas de revisión. En términos reales, la revalorización puede alcanzar un 9,8%, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida.
