¿Puede intervenir un abogado en un proceso monitorio como representante de la parte con un poder?

Para dar respuesta a esta cuestión debemos deslindar dos planos. El primero ...

Para dar respuesta a esta cuestión debemos deslindar dos planos. El primero concierne a la obligatoriedad -o no de comparecer mediante procurador. El segundo mira a la persona que, caso de no ser obligatoria la comparecencia mediante procurador, puede representar en juicio al litigante.

Por lo que respecta al primer plano, el art.23.1 LEC -EDL 2000/77463 contempla una regla general, que es la obligatoriedad de la comparecencia mediante procurador, y unas excepciones (ordinal 2) que autorizan al litigante a comparecer por sí mismo. Entre ellas se encuentra «la petición inicial de los procedimientos monitorios». En coherencia con esa norma, el art.814.2 LEC -EDL 2000/77463 dispone que «para la presentación de la petición inicial de procedimiento monotorio no será preciso valerse de procurador y abogado».

El segundo plano presupone que la intervención del procurador no es preceptiva. ¿Puede en tal caso otorgar poder o mandato a un no-procurador para que le represente en juicio? La respuesta a esta cuestión se encuentra en el art.543 LOPJ -EDL 1985/8754-, según el cual «corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa». En línea con esa norma, el art.23 LEC -EDL 2000/77463 dispone que «la comparecencia en juicio será por medio de procurador».

Por consiguiente, solo es admisible que un no-procurador (sea un letrado, sea un particular) represente en juicio a una persona cuando la ley expresamente lo disponga, esto es, autorice de modo explícito la representación mediante un no-procurador.

En el ámbito del juicio monitorio, y concretamente en relación con la petición inicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil no autoriza expresamente al litigante a otorgar la representación a un no-procurador, sino que solo le permite comparecer por sí mismo. De modo que el litigante solo puede: (1) comparecer mediante procurador, (2) comparecer por sí mismo.

Así las cosas, si el solicitante de juicio monitorio reside en lugar distinto de aquel en que debe presentarse dicha solicitud, solo puede: (1) presentarla él en su propio nombre, (2) valerse de procurador habilitado ante el Tribunal competente.

La cuestión entiendo que responde a la genérica cuestión de la representac...

La cuestión entiendo que responde a la genérica cuestión de la representación en juicio a favor de persona distinta de procurador. Y entiendo que tal y como está la actual regulación ello no es posible. A tenor del contenido del art.23 LEC -EDL 2000/77463 que establece que a salvo excepciones que se contemplan en el párrafo segundo del mencionado precepto, la comparecencia en juicio será por medio de procurador legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio. Y en todo caso la excepción conduce a que sean los propios litigantes quienes comparezcan en juicio por sí mismos. El art.23 no reconoce otra personación para intervenir en el proceso que la personal del interesado o el apoderamiento a favor de un procurador.

Cuando el art.31 LEC -EDL 2000/77463 se refiere a la intervención del letrado habla de la dirección del asunto, pero no de la representación.

El proceso monitorio no es excepción, a salvo que su presentación podrá independientemente de la cuantía ser presentada por el interesado directamente. (LEC art.23.2.1 -EDL 2000/77463-).

Esta es mi opinión. En todo caso cabe recordar que esta cuestión fue muy controvertida ya desde el primer momento de salir la LEC, y que tuvo dispar respuesta en el seno de las Audiencias Provinciales. Así por ejemplo en su día el auto de la sec 1 de Albacete 27-9-01 –EDJ 2001/71684 resolvió en sentido positivo sobre la base de que el art.23.2.1 LEC -EDL 2000/77463 o puede limitar la intervención de un Letrado con poderes del interesado para la petición inicial del monitorio. Y que si el apartado 2 del art 814 no exige la intervención de abogado y procurador, cabía entender que debía de concederse al particular la posibilidad de otorgar poderes a favor de letrado cuando su intervención no era preceptiva. Por el contrario la otra tesis que entiendo más correcta se plasmó entre otras en la resolución de la AP Las Palmas 15-2-02, recordando los preceptos antes reseñados, y que la actuación del Procurador tiene su campo específico de actuación y el del letrado el suyo.

En ese sentido por ejemplo se pronuncia también la resolución de la AP Madrid sec 10ª, 29-2-12 –EDJ 2012/47315 en relación a la representación voluntaria a favor de persona distinta de Procurador, haciendo referencia a otras resoluciones anteriores diversas. Centrado en los anteriores términos del recurso de queja interpuesto, conviene poner de manifiesto a los referidos efectos, que hemos de traer a colación el auto de fecha 10-10-06, dictado por la sec 13ª de esta Audiencia –EDJ 2006/373222-, que se pronuncia en los siguientes términos: «en el marco de las relaciones jurídicas han de distinguirse aquellas cuestiones sustantivas o privadas aquellos otros efectos que se producen en el seno del procedimiento judicial en el que se debaten y hacen valer los derechos subjetivos. Si en el primer ámbito, netamente privado, resulta plenamente lícito actuar por medio de representantes y mandatarios, generales o particulares, tales como los factores mercantiles, dependientes o mancebos, produciendo su gestión plenos efectos en la órbita del mandante o representado, trátese de persona física o jurídica, siempre y cuando su actuación se produzca dentro del marco representativo concedido y del legalmente preestablecido de modo general en los artículos 244 al 302 del Código de Comercio -EDL 1885/1 y en las leyes mercantiles especiales, en el segundo (procesal) la comparecencia y la actuación en juicio ha de afectarse, como bien se dice en la resolución impugnada, a través del representante legal o del Procurador, de conformidad con cuanto se dispone en el art. 23.1 y 2 LEC -EDL 2000/77463-, que establece que la comparecencia en juicio, sin perjuicio de aquellos otros casos en que los litigantes puedan comparecer por sí mismos (no por medio de otra persona aunque esté formalmente apoderada para el acto de que se trate), como ocurre en la petición inicial de los procedimientos monitorios (art.23.2.1 y 814.) lo que recalca el art.32.1 por su parte el art.7.4, de la misma LEC, precisa que por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen, que cuando, como es el caso, se trata de una sociedad anónima, según el art. 128 de la Ley 22 de diciembre de 1989 -EDL 1989/15265-, corresponde, en juicio y fuera de él, a los administradores en la forma determinada por los estatutos, lo que excluye el apoderamiento voluntario. En definitiva, a las personas jurídicas los únicos que pueden representarlas son los propios órganos a quienes la ley les confiere esa facultad, es decir, los administradores y cuando éstos no lo hagan deberán acudir a juicio por medio de Procurador, aunque pare el acto de que se trate no sea exigida su intervención, que es el único que, en defecto de aquéllos, está facultado para hacerlo».

Esta Sala, en autos 21-5-15 y 15-6-07 –EDJ 2007/122984-, y otros de forma unánime, y otras muchas en idéntico sentido, expuso los siguientes argumentos: «A) La expresión u0022comparecencia en juiciou0022, empleada por la LEC 2000, debe ser interpretada en sentido amplio, referida no sólo a la estricta asistencia al acto de práctica de pruebas en el procedimiento ordinario, sino a cualesquiera actuaciones que deban realizarse oralmente ante un Juzgado o Tribunal. B) El artículo 23.1 LEC -EDL 2000/77463-. Establece de forma imperativa que la comparecencia en juicio será por medio del Procurador legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio. Y seguidamente establece las excepciones a la regla imperativa primera en el número 2, al decir literalmente que “no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos: 1º en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta mil pesetas y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Leyu0022. Si acudimos al artículo 814 L.E.Civ. que regula los requisitos de la petición inicial del procedimiento monitorio, en su apartado 2 se establece que u0022para la presentación inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de Procurador y Abogadou0022. Por su parte el art. 7.4 L.E.Civ. establece que u0022por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente les representenu0022, esta también es una norma imperativa dad la forma verbal empleada y el sentido de la misma, en relación a la redacción del artículo 438 de la LOPJ -EDL 1985/8754 que dispone que u0022corresponde exclusivamente a los Procuradores legalmente habilitados para actuar en el Tribunal que conozca del juicio, y ello sin perjuicio de que su intervención pueda no resultar preceptiva en los casos determinados en que concretamente así lo establezca la Ley. Pero en estos casos se impone de modo cogente que la parte habrá de comparecer por sí misma. No resulta admisible pues, la comparecencia por persona distinta de dicho profesional, cualquiera que sea su calidad (ya sea abogado, sea factor mercantil, etc.) D) Ciertamente, en el caso de personas jurídicas no es materialmente posible la comparecencia personal de la entidad de que se trate, la cual habrá de hacerlo en la forma prescrita por el art. 7.4, es decir, a través de las personas que legalmente la representan. Y éstos no son otros que sus administradores (artículos 128 LSA -EDL 1989/15265 y 62 LSRL -EDL 1995/13459-) sin que éstos puedan conferir válidamente poder a terceros distintos de los Procuradores para representar a la sociedad, porque en otro caso no sería una personación personal, que es la finalidad que persigue el legislador, sino por otro apoderado. E) La comparecencia por medio de apoderado ad hoc se ha interpretado por numerosos tribunales como constitutivo de un cierto fraude legal, dada la redacción del artículo 438 LOPJ y los concordantes de la LECiv. Citados, que no procede permitir ni en caso de personas físicas ni jurídicas, pues con ello se obviaría la figura del Procurador. Y ello sin perjuicio de las facultades de actuación de la entidad de que se trate en actuaciones procesales».

En este caso estamos ante la petición inicial de un procedimiento monitorio,...

En este caso estamos ante la petición inicial de un procedimiento monitorio, por lo que hemos de acudir a la regulación específica sobre este tema (LEC art.814.2 -EDL 2000/77463-) que establece que: «Para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador y abogado».

Del precepto transcrito surgen algunas cuestiones: ¿puede intervenir un letrado con poderes de representación del particular, o es necesario que si no es el interesado el que presenta la petición tenga que hacerla a través de procurador habilitado al efecto? Y en el caso de sociedades, ¿puede intervenir el letrado con poder de representación?

El art.23 LEC -EDL 2000/77463 indica que «la comparecencia en juicio será por medio de procurador legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio», añadiendo, que podrán «comparecer por sí mismos» en los supuestos de petición inicial de procedimiento monitorio.

Pues bien, caben dos opciones: o el acreedor comparece a través de procurador legalmente habilitado o lo hace por sí mismo, que en el supuesto de persona física con capacidad procesal será el mismo y en el caso de una persona jurídica quién legalmente la represente; en el caso de una sociedad anónima solo puede hacerlo su administrador y en el caso de una comunidad de propietarios (ente sin personalidad jurídica) su presidente o, en su defecto, el vicepresidente.

Existe también una tercera posición: en el caso de que el acreedor no solicite personalmente la petición de monitorio y ésta sea suscrita por un procurador, precisará también de la firma de abogado; tesis ésta que no ha sido estimada, entre otros, por el auto AP Madrid, sec 21ª, núm 170/2005, 10-5-05 –EDJ 2005/87377 que revocó el auto del Juzgado de Primera Instancia denegatorio de la admisión a trámite de la petición inicial por la falta de firma de letrado.

Por lo que a nosotros respecta, entendemos que el procurador, en el proceso civil, tiene la función exclusiva de representación, no existiendo en este ámbito procesal excepción alguna a dicha regla general (al contrario de lo que sucede en otros órdenes). Por lo tanto, el acreedor debe comparecer por sí mismo (personalmente o a través de su representante legal) o por medio de procurador.

Buen ejemplo de lo expuesto creemos lo constituye el auto AP Madrid, sec 12ª, núm 160/2017, 25-5-17 –EDJ 2017/132439 que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por una entidad de gestión de derechos de autor contra el auto del Juzgado de Primera Instancia por el que se acordó no admitir a trámite la petición inicial del procedimiento monitorio, al haber comparecido la entidad mediante persona que no ostentaba cargo de administración con facultades de representación (simple apoderado) ni por procurador, por lo que se daba un defecto formal en la postulación al no cumplirse con lo preceptuado en el art.23 LEC -EDL 2000/77463-. Añade la resolución en cuestión que: «(...) según el art. 46 de los Estatutos de la entidad demandante es al Presidente de la Junta que según dicho precepto, al que corresponde desempeñar la representación legal de la entidad en juicio y fuera de él, pudiendo en su caso ser sustituido por uno de los dos vicepresidentes, en los casos de vacante del cargo o imposibilidad accidental de aquel según dispone el art. 47 de tales estatutos, resultando inadmisible que puedan conferir válidamente poder a terceros distintos de los procuradores, para representar a la sociedad porque en otro caso no sería una personación personal, que es la finalidad que persigue el legislador sino por otro apoderado».

Nuestra respuesta a la pregunta formulada es la de que si el acreedor desea presentar el escrito iniciador de proceso monitorio a través de otra persona, debe utilizar los servicios de procurador, salvo cuando de personas jurídicas se trate, en cuyo caso puede hacerlo el letrado que actúe como representante legal, pero dejando bien claro que en este caso, dicho letrado no actúa como profesional elegido por la sociedad.

Pero yendo más allá, entendemos que la solución más aconsejable para el acreedor, aunque inicialmente le pueda suponer el encarecimiento de su reclamación, es la de que desde el inicio esté representado por procurador habilitado en la demarcación judicial correspondiente y la petición sea suscrita por letrado, a resultas de la posible imposición de las costas procesales tal y como prevé el art.32.5 LEC -EDL 2000/77463-, lo que puede ser entendido como una «invitación» para seguir, en casos como el sometido a consideración, esta vía.

Votos particulares

2 votos a favor de esta opción:

1. El poder conferido a quien comparece en representación de la mercantil acreedora, sea o no abogado, le atribuye la eficaz representación de la persona jurídica en el ámbito procesal, de modo tal que al formular la petición monitoria lo hace en uso de la facultad excepcional que para este tipo de procedimientos establece el art.814.2 LEC –EDL 2000/77463-.

2. Aunque pudiera entenderse que existe un monopolio de representación procesal a favor de los procuradores extendido incluso respecto de aquellos procedimientos para los que la Ley autoriza la personación por sí mismo sin intervención de procurador en los supuestos de que la parte no se persone por sí mismo sino que pretenda hacerlo a través de tercero, es lo cierto que no hay razón alguna para entender que las excepciones al procurador no alteran la libertad de apoderamiento que se contiene en el Ordenamiento Jurídico.

Entendemos en consecuencia que la respuesta a la cuestión formulada ha de ser positiva.

Hemos de partir de lo que dispone el art.814.2 LEC -

La cuestión a resolver se limita a determinar si en caso de comparecencia en...

La cuestión a resolver se limita a determinar si en caso de comparecencia en un proceso judicial, como es el caso del procedimiento monitorio donde no es preceptiva la intervención de Procurador, caso de tratarse de una persona física que no comparezca por sí misma sino valiéndose de un representante voluntario o, tratándose de una persona jurídica, cuando no lo haga a través de su representante orgánico sino a través de un representante voluntario debidamente apoderado por éste, decimos, la cuestión se contrae a determinar si en los casos de representación voluntaria en un proceso judicial, ha de ser necesariamente designado un Procurador o por el contrario puede designarse, como en cualquier otro negocio jurídico, a cualquiera persona aunque no sea Procurador de los Tribunales.

Aunque es evidente que cabe la interpretación contraria, entendemos que cuando el art.23.1 LEC -EDL 2000/77463 establece que la comparecencia en juicio se hará por medio de procurador, la regla contenida en el número 2 del mismo precepto responde a las excepciones previstas en el art.543.1 LOPJ -EDL 1985/8754-, estableciendo precisamente las excepciones a esta regla, no siendo contrario al tenor de la norma entender que aquella regla general del número 1 no constituye a su vez, y respecto de las excepciones contenidas en el número 2 del mismo precepto, un régimen supletorio imperativo que imponga que, a salvo las comparecencias en los casos exceptuados en la ley autorizando la personación por sí mismos, no cabe personación por terceros distinta a la atribuida a un procurador.

En efecto, no solo no resulta tal interpretación del tenor de la norma sino que incluso resulta contradictoria con el alcance de la voluntad y marco de libertad de la persona a quien la ley autoriza, cuando tiene capacidad, la cesión de su representación a un tercero que puede actuar en su nombre y por tanto, en legal sustitución del mandante como si de él mismo se tratara, sin más límites que las establecidas en su caso por la ley, sin que ello afecte tan siquiera a la forma pues no tratándose de apoderamiento a procurador, no rige el art.24 LEC -EDL 2000/77463 sino el principio general de libertad de forma que incluye, desde luego, el apoderamiento apud acta, es decir, a falta de apoderamiento escrito, el concedido ante el órgano judicial en concreto para la representación ante el procedimiento de que se trata.

En conclusión, aunque pudiera entenderse que existe un monopolio de representación procesal a favor de los procuradores extendido incluso respecto de aquellos procedimientos para los que la Ley autoriza la personación por sí mismo sin intervención de procurador en los supuestos de que la parte no se persone por sí mismo sino que pretenda hacerlo a través de tercero, es lo cierto que no hay razón alguna para entender que las excepciones al procurador no alteran la libertad de apoderamiento que se contiene en el Ordenamiento Jurídico.

Entendemos en consecuencia que la respuesta a la cuestión formulada ha de ser positiva.