Rafael Catalá ha señalado que, con objeto de acelerar la digitalización de la Justicia y facilitar el cumplimiento de la obligación impuesta por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los últimos meses el Ministerio de Justicia ha colaborado estrechamente con las comunidades autónomas, los colectivos de profesionales y las instituciones con competencias en materia de Justicia, según un comunicado del Ministerio.
Actuaciones realizadas hasta la fecha
En relación con las comunidades autónomas transferidas, Catalá ha subrayado que, desde que se anunció en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) de Las Palmas del 25 de febrero de 2015, se han celebrado más de una treintena de reuniones con objeto de abordar la hoja de ruta para impulsar las comunicaciones electrónicas desde el 1 de enero de 2016. Además, ha recordado que se han firmado convenios de colaboración con estas comunidades autónomas por un importe de seis millones de euros y que en 2016 se destinará la misma partida económica para seguir apoyando los diferentes programas de reforma de la Administración de Justicia.
La colaboración institucional se ha visto también reforzada con la creación de la Comisión para la Justicia Digital, presidida por el ministro de Justicia y en la que han participado a través de reuniones semanales representantes de todos los ámbitos y colectivos afectados.
Concretamente, y en relación con los profesionales de la Justicia, se han celebrado reuniones bilaterales, técnicas e institucionales, orientadas a resolver las cuestiones más relevantes, sensibilizar e informar a los distintos colectivos.
En materia tecnológica, el Ministerio de Justicia ha llevado a cabo las acciones necesarias para adaptar las diferentes aplicaciones a las exigencias de la implantación de las comunicaciones electrónicas en todos los órdenes jurisdiccionales y para todos los colectivos. Así, se ha actualizado el sistema de gestión procesal Minerva y el sistema LexNET, que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas como medio de comunicación telemática. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña (solo para el envío de notificaciones), Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia ya lo utilizan, mientras que el País Vasco está trabajando en la integración de su sistema de gestión procesal con LexNET y Cantabria, Navarra y Cataluña (para presentación de escritos) disponen de un sistema propio.
Para la ampliación de LexNET a todo el territorio, el Ministerio de Justicia ha habilitado más de 125.000 buzones para profesionales y tras ofrecérselo a todas las CCAA, se han habilitado más de 500 buzones con el objetivo de que existan en todo el territorio puntos donde presentar electrónicamente los escritos. Además, se ha ampliado la capacidad del buzón para permitir el envío de mensajes de hasta diez megas y se ha desarrollado la aplicación LexNETAPP para ayudar a los profesionales a recibir de forma ágil y en tiempo real la información acerca de las notificaciones y escritos presentados a través de este sistema.
Por otro lado, se ha llevado a cabo la adaptación del visor de expedientes electrónicos y una aplicación de firma electrónica para jueces y letrados de la Administración de Justicia.
En cuanto a la provisión de medios técnicos, el Ministerio de Justicia ha realizado el suministro e instalación de los elementos de hardware y software necesarios a los usuarios de los órganos judiciales, fiscalías, Institutos de Medicina Legal e Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses y se han instalado más de 7.000 pantallas, 640 ordenadores, 2.300 tarjetas gráficas, 1.700 impresoras y 500 escáneres en los órganos del ámbito de su competencia.
Rafael Catalá ha enumerado asimismo las actuaciones en materia de gestión del cambio que han sido necesarias llevar a cabo con el personal de la Administración de Justicia y que han permitido capacitar a 9.874 profesionales en un total de 1.127 acciones formativas en modalidad presencial, online y mixta. Todo el material formativo se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas con el fin de que puedan utilizarlo en sus respectivos territorios.
Catalá ha apuntado que, con el objeto de atender las incidencias de tipo tecnológico que puedan surgir a partir del 1 de enero, se ha reforzado el equipo del Centro de Atención al Usuario del Ministerio de Justicia. Además, para informar a profesionales y ciudadanos el Ministerio de Justicia ha habilitado un nuevo canal web que incorpora un mapa interactivo sobre la situación del proceso de implantación de las comunicaciones electrónicas en cada comunidad autónoma.
Otras actuaciones para una Justicia digital
Durante su intervención, Catalá ha hecho balance del Plan 2015 para la aceleración de la Justicia en entornos digitales presentado el pasado mes de marzo y que ha posibilitado un conjunto de actuaciones dirigidas a alcanzar una Justicia digital, abierta e innovadora en un itinerario que culmina ahora con el proceso de implantación de las comunicaciones electrónicas en la Justicia. El ministro en funciones ha destacado que esta línea de trabajo cuenta con las dotaciones económicas necesarias y que en 2016 recibirá 68,5 millones de euros, un 35,7% más de la cantidad destinada en 2015, que fue de 54,5 millones, alcanzando un total de 123 millones en estos dos ejercicios.
Entre las iniciativas puestas en marcha para la digitalización de la Justicia, Catalá ha destacado la creación de la Sede Judicial Electrónica, la comunicación de nacimientos desde los hospitales al Registro Civil, la celebración de subastas judiciales y notariales de forma electrónica, la implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y en la Oficina Judicial de Cuenca, el envío automático de requisitorias desde los Juzgados de la Comunidad de Madrid, así como el desarrollo de aplicaciones y servicios de información a través de dispositivos móviles.
Beneficios para los ciudadanos
Las comunicaciones electrónicas en Justicia introducen, entre otros beneficios, la homogeneidad en la forma de realizar la presentación de escritos y la realización de actos de comunicación así como una mayor seguridad en las transmisiones y almacenamiento de documentos. También aporta más transparencia a los procesos y una mayor facilidad y comodidad para profesionales y ciudadanos que podrán relacionarse con la Administración de Justicia a cualquier hora y desde cualquier lugar. En cuanto al trabajo de las Oficinas Judiciales y Fiscales, se verá beneficiada su actuación y los tiempos de respuesta. Para las personas que se relacionan con la Administración de Justicia, el sistema permite reducir las cargas administrativas y el tiempo invertido en la realización de los trámites puesto que ya no será necesario realizar desplazamiento alguno.
Actuaciones futuras
Catalá ha subrayado que la fecha del 1 de enero de 2016 no es un punto final sino que la implantación de las comunicaciones electrónicas en la Justicia se desarrollará de manera progresiva:
- A partir del 1 de enero de 2016: los profesionales de la Justicia (procuradores, abogados, graduados sociales y profesionales de los servicios jurídicos de las administraciones públicas) y todos los órganos y oficinas judiciales y fiscales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación (citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos) en la totalidad de los órganos jurisdiccionales (civil, penal, social y contencioso-administrativo) para los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha, como establece la Ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- A partir del 7 de julio de 2016: todas las administraciones con competencias en materia de Justicia estarán obligadas a realizar la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales como establece la Ley 18/11 de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia.
- A partir del 1 de enero de 2017: la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos con la Administración de Justicia se extenderá a las administraciones y organismos públicos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También, a las personas que, sin representación o asistencia por un profesional de la Justicia, estén obligadas a comunicarse a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia. Además, a partir de esta fecha, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a relacionarse telemáticamente con esta administración cuando no sea perceptiva la intervención de un profesional.
