En primer lugar, el real decreto-ley establece los criterios para ordenar los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, necesarios para que los promotores de energías renovables puedan poner en marcha sus plantas. Esta regulación endurece las condiciones de las autorizaciones para garantizar que estén ligadas a proyectos reales, con el objetivo de evitar los movimientos especulativos. Para ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez, se establecen una serie de hitos administrativos que los titulares deben ir cumpliendo; de no ser así, su concesión caducaría inmediatamente.
Nuevo sistema de subastas
Con el objetivo de mejorar la previsibilidad y estabilidad de los ingresos y financiación para los inversores de energía renovable, este real decreto-ley habilita un nuevo sistema para las subastas de electricidad procedente de fuentes renovables. De esta forma, la variable por la que se pujará será el precio de la energía, sometida a la regulación del Ejecutivo. Además, este nuevo marco distinguirá entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, para que puedan competir en igualdad de condiciones. Asimismo, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.
Con este cambio de la regulación, el Gobierno prevé que se traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata. El Ejecutivo argumenta que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado el coste de generación de electricidad renovable. El traslado de estos ahorros económicos al consumidor, y en particular a la industria, favorecerá la competitividad de la economía española.
Por otra parte, este texto simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y su infraestructura eléctrica, con lo que se eliminan las barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Con estas medidas, el Gobierno pretende impulsar la inversión en renovables y a la actividad económica, a lo largo de toda la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, lo que incluye la creación de empleo.
Instituto de Transición Justa
A través de este real decreto-ley, se crea el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. El objetivo de esta institución consistirá en identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación, a trabajadores y territorios afectados por la transición ecológica.
Por otra parte, y con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el texto otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), para permitir que se abran estaciones de recarga ultrarrápida en carreteras, autovías y autopistas.
Nuevos modelos de negocio ligados a renovables
Por último, el texto incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio para la transición ecológica. En primer lugar, esta norma regula el almacenamiento de energía, por lo que se permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables. En segundo lugar, con este real decreto-ley se permite la hibridación, lo que posibilita la combinación de diversas tecnologías -fotovoltaica y eólica, por ejemplo-, en una misma instalación.
Adicionalmente, se introduce la figura del agregador independiente, un nuevo modelo de negocio que se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado. De igual forma, se regulan las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.
