La Constitución Española establece en su artículo 40.2, como uno de los principios rectores de la política social y económica, que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo
El autor analiza el problema que surge cuando se dicta un decreto o se pronuncia sentencia, no sólo sobre el desahucio, sino también sobre la condena a pagar las rentas o cantidades asimiladas a la misma (suministros, IBI, etc…)